La presidenta de Chile Transparente aseguró que se tiene que llegar a la convicción de que “la corrupción es dañina, venga de donde venga”. Por otra lado, sugirió fortalecer el ámbito preventivo. “No basta con los concejales y Contraloría”, indicó.
Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, los partidos “debieran dar explicaciones a la ciudadanía cuando son sus militantes los que cometen irregularidades”. En referencia a la respuesta, valoró que “Chile, quizás tarde, reacciona”.
La directora de Chile Transparente recalcó que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que tienen el poder para generar cambios”.
A juicio de la abogada, se tienen que hacer reformas que impidan una repetición de lo registrado en Vitacura. “Lo que no puede ocurrir es que funciones públicas se realicen a través de organizaciones privadas que no tengan control”, agregó.
“La corrupción no solo daña el patrimonio público y fiscal, sino que además daña la República”, enfatizó Gloria de la Fuente.
La directora ejecutiva de Chile Transparente se refirió a la situación que envuelve al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y recalcó que la corrupción “no es un tema de ideologías porque acá están todos los sectores involucrados”.
La directora ejecutiva de Chile Transparente se refirió a la investigación por malversación de caudales públicos en el Ejército y el eventual mal uso de asignaciones en el Congreso.
Representantes del Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio de Gasto Fiscal se reunieron con el presidente Sebastián Piñera para entregar ocho medidas concretas enmarcadas en la que llamaron “Agenda contra la impunidad”.
La comisión de Ética del Senado rechazó nuevamente la solicitud de Chile Transparente para hacer entrega de los informes de asesorías externas. Las excusas según Alberto Precht, director ejecutivo del organismo, son inconsistentes en términos jurídicos y plantea la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el derecho de la ciudadanía a recibir esta información.
Un informe elaborado por Chile Transparente reveló que las colectividades promediaron un 2,7 (en una escala de 1 a 7) en cuanto al acatamiento de la nueva ley de partidos. “Los resultados de este índice son malos y preocupantes. Teniendo estándar legal desde octubre de 2016, los partidos debiesen haber ido en masa a publicar información”, afirmó el director del organismo Alberto Precht.
Si bien organizaciones como Chile Transparente y Ciudadano Inteligente valoraron los nuevos formatos de las declaraciones de patrimonio e intereses emitidas por los más de 60 mil funcionarios públicos que debían realizar este procedimiento, urgieron al Parlamento a aprobar la ley que regula la ‘puerta giratoria’ entre el mundo público y privado para que el sistema de probidad sea realmente efectivo.
En la antesala de nuevos procesos eleccionarios, son varios quienes acusan al Servicio Electoral de una preocupante falta de capacidad, como también la facultad monopólica de los notarios en la recolección de firmas. Todo ello, con la Nueva Mayoría y Chile Vamos como los grandes obstáculos.
A pocos días de que el Senado deba aprobar o rechazar los candidatos propuestos por el Ejecutivo para los cargos de Contralor General y jefe del Ministerio Público, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se intensifican, como suele ocurrir en este tipo de situaciones.
En su segunda campaña electoral, el ex presidente Sebastián Piñera, habría recibido el traspaso de fondos de manera irregular por 665 millones de pesos. Los aportes se habrían realizado en agosto de 2009 por una serie de empresas entre las que destacan SQM, Aguas Andinas y Penta.
En conversación con el programa Semáforo, el director de Chile Transparente comentó los datos que reflejan cómo los partidos políticos no se han adecuado a los estándares internacionales en la materia. “Hemos tenido resultados bastante deficientes en estos dos años”, asegura.
No solo existe preocupación por el postergado proceso constituyente. También por la calidad de los mecanismos de participación ciudadana. Tal es el caso de la incumplida promesa del Gobierno con el anunciado Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
El país resultó mal evaluado respecto de sus pares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ubicándose en el lugar 22 de entre 41 integrantes del organismo.
