El Ejecutivo solicitó extender el plazo para realizar modificaciones a la propuesta, ya que restaban puntos por afinar. El senador Coloma (UDI) lamentó que se aprieten “los tiempos de conocimiento”, pero aseguró que la reforma se despachará en enero.
El Jefe de Estado llamó a la derecha a “entender que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren”. El senador Coloma (UDI) respondió que “da la impresión de que algunos del Gobierno están desahuciando” el proyecto.
El seguro de lagunas previsionales, el incentivo a la cotización de independientes y la regulación de las “comisiones fantasma”, configuran encuentros en materia previsional. Mientras, la repartición del 6% adicional sigue siendo punto de discordia.
La parlamentaria indicó que quienes hablan de que la reforma previsional está “paralizada” son aquellos que no les gusta cómo va quedando el proyecto después de la Comisión de Expertos. “¿Por qué la dan por muerta?”, cuestionó.
La instancia aprobó en particular el proyecto de ley que permitiría crear la Pensión Garantizada Universal, mientras que la Comisión de Hacienda sigue discutiendo las iniciativas para su financiamiento. Sin embargo, las pensiones de reparación continúan como la piedra de tope para despachar el proyecto a la Sala de la Cámara Alta.
Mientras la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta ya recibió las indicaciones con nuevas fuentes de financiamiento, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social continúa el debate por las observaciones realizadas al proyecto de ley.
La agrupación sindical comenzó a asistir a las comisiones de trabajo del Congreso con el fin de exponer la situación laboral en la que se han visto expuesto durante la pandemia.
Iniciativa será votada en particular, donde el Ejecutivo podrá introducir nuevas indicaciones. Presidente de la instancia, el DC Andrés Zaldívar, reconoció que aún “tenemos diferencias en la Nueva Mayoría sobre unos tres o cuatro temas que hemos discutido con los ministros de Hacienda y Trabajo”.
Suspendida para la tarde quedó la sesión de la comisión de Hacienda del Senado que debía zanjar el futuro del proyecto de Reforma Laboral. Esto, debido a la sesión extraordinaria de Sala de la Cámara Alta que se fijó para votar el articulado del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Una hermética jornada de discusión realizó la comisión de Trabajo para abordar las indicaciones del Gobierno. Los puntos más polémicos, referidos a las modificaciones que se podrán hacer durante períodos de huelga, fueron desestimados por los senadores de la Nueva Mayoría. No obstante, la ministra Ximena Rincón aseguró que éstas podrían reponerse en la discusión en Sala. El Ejecutivo busca despachar la iniciativa antes del 31 de enero.
La iniciativa continúa en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, restándole aún varias etapas para transformarse en ley. Incluso, dadas las diferencias que existen sobre sus contenidos, desde la Nueva Mayoría reconocen el inminente paso de la iniciativa por una comisión mixta, lo que retrasaría aún más su proceso.
La parlamentaria DC, integrante de la Comisión de Trabajo, en la que se encuentra el proyecto de Reforma Laboral, asegura que la iniciativa busca equilibrar las peticiones de trabajadores y empresarios, lamentando que “desde la Nueva Mayoría se confundan los objetivos o que algunos se hagan eco de miradas más catastrofistas”.
Mientras gremios de empresarios y trabajadores cuestionan los avances del proyecto, a partir de las indicaciones del Ejecutivo, la polifuncionalidad contractual genera críticas cruzadas entre diputados y senadores de Gobierno.
A pesar de los gestos de los partidos de la Nueva Mayoría para apoyar públicamente la gestión de Michelle Bachelet, como la visita de este martes de sus presidentes a La Moneda, los obstáculos a la gestión de la Mandataria no cesan. Las advertencias de posibles cambios a las indicaciones del Ejecutivo por el proyecto de Reforma Laboral ya surgieron desde la Democracia Cristiana.
Anuncio de una nueva semana de plazo para enviar indicaciones al Congreso es recibido entre dirigentes sindicales y economistas como una señal de desorden en la discusión interna, además de posibles facciones de poder en la Nueva Mayoría que intentan morigerar el proyecto.