El ministro de Hacienda envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle contra quienes sean responsables de los delitos revelados en las grabaciones, y sea parte de este proceso como representante de los intereses del Fisco.
La entidad, en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, interpuso una querella en contra de cuatro funcionarios públicos, por presunto fraude al fisco por más de $658 millones en el caso Convenios.
La acción se funda en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de fiscalía y dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada por los funcionarios públicos y los particulares para defraudar el patrimonio del GORE.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso la acción judicial tras constatar perjuicio fiscal en los convenios suscritos. “Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo”, señalaron.
“Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos”, dijo el presidente del CDE, Raúl Letelier.
Un informe del ente regional reveló mal uso de recursos públicos. “El alcalde debería pedir disculpas a la comunidad”, declaró el concejal Juan Castillo.
Con fecha 16/05/2023 la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en rol Contencioso-Administrativo N° 300-2022, aceptó los planteamientos legales de los competentes abogados Cristóbal Osorio y Daniel Contreras, quienes litigaron a favor de la empresa Walmart, la que estaba disconforme con la aplicación de la normativa territorial para su terreno, la que […]
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió a trámite la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la Compañía Minera Ojos del Salado por el socavón que afectó a la comuna de Tierra Amarilla en 2022.
El Consejo de Defensa del Estado apuntó contra la compañía responsable de la mina Alcaparrosa por daño ambiental al acuífero del río Copiapó, el que “resultó alterado producto de faenas extractivas con infracción de licencias ambientales”.
El profesional ingresó al CDE en el 2000 y fue nombrado consejero de la entidad en 2017, durante la administración de Michelle Bachelet. Además, asumió la representación del Ministerio de Justicia durante la revisión que hizo el TC de los indultos.
Este jueves se dio inicio a la fase de alegatos. En la instancia, la exconvencional Constanza Hube representó a los senadores que presentaron el requerimiento, mientras que el abogado del CDE Raúl Letelier alegó en nombre del Ejecutivo.
El CDE formará parte del caso que investiga por lavado de activos y malversación de caudales públicos al edil de Vitacura y su círculo de confianza. Además, el organismo decidió apuntar por los delitos de fraude al Fisco y distracción indebida.
