Se trata de los ministros Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier, quienes deberán someterse a las diligencias que disponga la jueza Adelita Ravanales, a cargo del proceso administrativo.
Tras recibir la propuesta de la Corte Suprema sobre la misma materia, el secretario de Estado aseguró que el Presidente Boric ingresará una iniciativa entre agosto y septiembre con el objetivo de perfeccionar este mecanismo.
El parlamentario DC apoyó la petición de la Comisión de Ética del máximo tribunal, de solicitar al Ministerio Público acceso a las conversaciones de Whatsapp relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de nombramiento de jueces.
A pesar de la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal estableció que el delito sí existe, por lo que remitirá los antecedentes al Ministerio Público, que deberá decidir si inicia acciones penales contra el exministro.
Según consignó El Mercurio, ayer de manera reservada se reunieron algunos miembros de la instancia, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y las ministras Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich (s).
El titular de Justicia además sostuvo un encuentro con la diputada Camila Musante, quien es autora de un proyecto de ley que busca crear un Consejo Judicial. Según la iniciativa, este órgano sería el encargado de los nombramientos de los jueces.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La contienda de competencia fue planteada el 11 de mayo pasado por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes.
Concluido el pleno extraordinario del máximo tribunal, la nueva vocera de la Suprema, María Soledad Melo, abordó la convicción de los jueces de radicar las designaciones y otras decisiones relativas al gobierno judicial en un organismo separado.
La ex candadita a fiscal nacional relevó la importancia de que existan salvaguardas para proteger el derecho a la independencia judicial en el PJUD, además de garantizar procesos transparentes y con participación ciudadana.
El abogado Fernando Leal, representante de tres exconscriptos de Putre, presentó una querella por tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia en el Poder Judicial.
La iniciativa propone la creación de un organismo constitucional, autónomo, técnico y colegiado. Para la parlamentaria: “Tenemos un Poder Judicial que hoy está contaminado por la corrupción”.
