El abogado Felipe Lizama afirmó ante la comisión que los cargos contra el ministro de la Suprema se basan en “coincidencias” y en interpretaciones erróneas, mientras el magistrado cumple una suspensión de dos meses adoptada por el máximo tribunal.
La suspensión, que empezará a regir desde el martes 9 de diciembre, fue acordada por el Tribunal Pleno del máximo tribunal, el mismo que el pasado 14 de noviembre ordenó la apertura de un sumario disciplinario en contra del juez.
El académico y abogado constitucionalista abordó las diversas aristas de esta acusación, donde se busca esclarecer el involucramiento del ministro de la Corte Suprema en tres casos que denotan falta de probidad, abstención e imparcialidad.
El libelo cuanta con el apoyo de legisladores humanistas, socialistas, frenteamplistas y comunistas.
El documento elaborada por la Universidad Diego Portales identificó retrocesos regulatorios en protección ambiental, falencias en la respuesta estatal ante emergencias y un sistema sanitario con “sobrecarga” pública y “crisis” privada.
El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, reconoció su cercanía y viajes personales (dos cruceros) con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Negó haber ejercido influencia en causas judiciales y defendió el arriendo de un departamento.
Un viaje a Europa con Eduardo Lagos —imputado en la causa— generó alerta de ante la posibilidad de que el magistrado hubiera recibido una coima de Belaz Movitec, para favorecer a la empresa durante litigios contra Codelco.
La Fiscal Regional Carmen Gloria Wittwer solicitó prisión preventiva para 3 imputados por red de sobornos, cohecho y lavado de $70 millones. Wittwer afirmó que es un caso de “máxima gravedad” que afecta la probidad pública y la confianza.
Ciper reveló escuchas donde Sergio Yáber, imputado en el caso Muñeca Bielorrusa, operaba para rebajar la sanción del ministro Antonio Ulloa en la Suprema, diciendo: “Tenemos como seis o siete” votos.
El abogado sostuvo que la exjueza de la Corte Suprema no habría operado de manera aislada, señalando la posible participación de otros miembros del Poder Judicial. “Estamos frente a un nivel de corrupción probablemente desconocido”, alertó.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, presentó una querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, acusándola de recibir un presunto soborno de 14 mil dólares para fallar en contra de Codelco.
La presentación de esta acción penal deja ahora en manos del propio máximo tribunal la decisión de acogerla, lo que constituye un trámite necesario previo a una eventual formalización de la exmagistrada, prevista para este viernes.
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizará hoy el control de detención y eventual formalización de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La Corte Suprema analizará el lunes el desafuero del diputado Bobadilla, acusado de injurias graves contra la periodista Josefa Barraza por manipular un chat. La Corte de Valparaíso ya acogió el desafuero por “animus injuriandi”.
La acusación constitucional contra el juez fue aprobada por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Ahora, pasará al Senado, donde se deberá resolver si el ministro de la Corte de Apelaciones es finalmente destituido.
La Sala de la Cámara revisará hoy la acusación contra el ministro de la Corte de Apelaciones. La integrante de la comisión revisora del texto argumentó que se debe aprobar, más allá de la decisión del máximo tribunal de no remover a Ulloa.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, realiza diligencias para dilucidar si terceros cercanos a la exministra Ángela Vivanco incidieron en la votación de los supremos, específicamente en el voto del ministro Arturo Prado.
