Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
En el fallo, el máximo tribunal del país responsabiliza al Estado por su incumplimiento en establecer medidas de prevención y no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas contaminantes de la zona.
Esto, tras retirar la candidatura de Dobra Lusic por no concitar el apoyo necesario en el Senado.
Se trata del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, donde se excluyó a los vecinos porque la iniciativa no generaría “cargas ambientales”. Luego del fallo se retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.
Si bien algunos senadores se manifestaron de acuerdo con la decisión y aseguraron que esto debe servir para mejorar los estándares de nombramiento, otros criticaron el rol de la oposición, pues indicaron que al restar su apoyo se presionó al Gobierno para descartar a Dobra Lusic.
El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, señaló que la tramitación sigue el curso normal de una queja y que la decisión del nombramiento de Dobra Lusic como ministra de la Corte Suprema le compete exclusivamente a la Cámara Alta.
A través de un anuncio desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expresó que se harán públicas las agendas de los ministros de diversas instancias, así como las audiencias de concursos a cargos.
La magistrada compareció este miércoles ante la comisión de Constitución del senado donde respondió a los cuestionamientos que existen sobre su figura previa a su ratificación como integrante de la Corte Suprema.
Luego de la audiencia de formalización del ministro de la Corte de Rancagua, el vocero del máximo tribunal expresó que la Corte Suprema considera que los hechos son lamentables y graves, pero que están a la espera del la sentencia y de la resolución de la investigación administrativa antes de emitir una declaración formal.
El tribunal internacional había ordenado a Chile anular las sentencias por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
La idea surgió en el marco de la indagatoria que lleva la ministra Romy Rutherford por fraude en el Ejército, la que debería abandonar en marzo del próximo año por cumplir su tiempo en el cargo dentro de la Corte Marcial, hecho que para los parlamentarios dificultará que logre concluir sus investigaciones, situación que podría repetirse a futuro en otros casos.
Luego que se revelara un posible tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción por parte de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Corte Suprema decidió iniciar una discusión respecto de una posible destitución de Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
La agrupación Hijos y Madres del Silencio llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para denunciar que el titular de Justicia, Hernán Larraín, no ha cumplido lo prometido en la Comisión de Familia de la Cámara, en donde indicó que otorgarían recursos del Estado a la investigación que lidera el ministro Mario Carroza por adopciones ilegales y sustracción de menores.
El máximo tribunal también informó que la investigación será llevada adelante por la jueza Rosa María Maggi, quien tendrá dedicación exclusiva para este caso.
El fallo se dio a conocer hoy y los ministros encargados de la Tercera Sala del Tribunal Supremo lo ratificaron de forma unánime.
Se trata de las ejecuciones ilegales en contra de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos en octubre de 1973, en Futrono, región de los Ríos. Las sumas a pagar por parte del Estado de Chile van desde los cuarenta y hasta los cien millones de pesos en favor de hermanos, hijos, viudas y madres de los asesinados.
