La tercera sala del tribunal revocó la entrega de los antecedentes al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, acogiendo como argumento la posibilidad de que el conocimiento público de los datos pondría en riesgo la seguridad de quienes integraron los aparatos represores de la dictadura.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
La decisión responde al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal, subjetivo e injustificado el descuento al que sometieron a más de quinientos trabajadores.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal, acogió el reclamo de ilegalidad por la edificación del centro comercial entre las vías Errázuriz y Avenida España de la ciudad puerto, y dejó sin efecto el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras del municipio en el año 2013.
El hasta ahora presidente de la Cuarta Sala (laboral) de la Corte, asumirá sus nuevas funciones el 6 de enero de 2018. Considerado como un férreo defensor del principio pro trabajador, en su discurso de aceptación manifestó su interés por reanudar el proceso de reforma de la justicia civil y expresó su parecer respecto de la justicia militar especializada.
En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal determinó que las sentencias emitidas por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea en contra del coronel en retiro Ernesto Galaz Guzmán son “injustamente erróneas”.
El monto total a pagar son $1.840 millones que se repartirán entre 74 familiares de 20 víctimas del suceso ocurrido en 2010.
La vocera de la agrupación SOS Huasco, participó de los alegatos por el recurso presentado por las comunidades en contra de Barrick y el Estado de Chile por contaminación en el valle de la región de Atacama. “Acá tenemos un Estado corrupto, atado de manos con las mineras”, señaló la dirigente.
Desde el mundo político y también desde comunidades mapuches reaccionaron al fallo de la Corte Suprema que ordenó la libertad inmediata de los perseguidos por la Operación Huracán. Griselda Calhueque, esposa de Jaime Huenchullán, relata que la alegría tras la orden de liberar a su marido se entremezcla con el temor a nuevas arremetidas judiciales en contra de los mapuches. Ahora el Ministerio Público deberá buscar nuevas pruebas para intentar acreditar la serie de delitos imputados.
Durante la mañana del martes se realizaron los alegatos respecto del recurso de amparo que busca anular la medida cautelar que mantiene encarcelados a ocho dirigentes mapuches. El Máximo Tribunal debería entregar su resolución durante las próximas horas.
Este martes la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
El caso del comunero mapuche asesinado por un carabinero en 2002 fue revisado en esa oportunidad por justicia militar la que decidió anular la causa y cerrar el caso. A 15 años de ocurrido este crimen, se reabrirá la investigación, la que será asumida por la Fiscalía de Angol
El ex oficial del ejército, actualmente radicado en EEUU, es investigado por el secuestro agravado y homicidio calificado de Manuel Sanhueza en julio de 1974 en el marco del denominado “Caso Pisagua”.
Este martes, la Corte Suprema entregó la resolución en la que acoge parcialmente el recurso de la defensa de Mauricio Ortega. De este modo, para el máximo tribunal, no se demostró cabalmente la intención de matar, por tal, no configuraría el delito de “femicidio frustrado”. De este modo Ortega obtiene una rebaja de 26 a 18 años.
El abogado querellante del caso Penta criticó el rechazo de la Corte de Apelaciones a un recurso que buscaba evitar que los fiscales del proceso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tuvieran que declarar como testigos en la causa, lo que, eventualmente, los inhabilitaría de seguir liderando las investigaciones.
Para la abogada querellante del caso se trataría de una interpretación que no se condice con la evidencia recogida por más de 11 años de investigación.
