La solicitud había sido presentada por las comunidades en febrero del año pasado a Sernapesca, órgano que dilató la decisión permitiendo, en el intertanto, que se otorgaran nuevas concesiones para el cultivo de salmones en la zona.
Los alegatos sobre la investigación llevada a cabo por la ministra Rosa María Maggi se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.
A raíz de recientes expulsiones administrativas decretadas contra familias con hijos chilenos, académicos y juristas versados en la materia calificaron de irresponsable la forma en que el Ejecutivo está aplicando las medidas contra personas que intentan regularizan su situación.
Según indicó el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, el nuevo proceso será anónimo y se desarrollará de acuerdo a “criterios que impidan conocer la identidad de los participantes”.
Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
En el fallo, el máximo tribunal del país responsabiliza al Estado por su incumplimiento en establecer medidas de prevención y no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas contaminantes de la zona.
Esto, tras retirar la candidatura de Dobra Lusic por no concitar el apoyo necesario en el Senado.
Se trata del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, donde se excluyó a los vecinos porque la iniciativa no generaría “cargas ambientales”. Luego del fallo se retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.
Si bien algunos senadores se manifestaron de acuerdo con la decisión y aseguraron que esto debe servir para mejorar los estándares de nombramiento, otros criticaron el rol de la oposición, pues indicaron que al restar su apoyo se presionó al Gobierno para descartar a Dobra Lusic.
El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, señaló que la tramitación sigue el curso normal de una queja y que la decisión del nombramiento de Dobra Lusic como ministra de la Corte Suprema le compete exclusivamente a la Cámara Alta.
A través de un anuncio desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expresó que se harán públicas las agendas de los ministros de diversas instancias, así como las audiencias de concursos a cargos.
La magistrada compareció este miércoles ante la comisión de Constitución del senado donde respondió a los cuestionamientos que existen sobre su figura previa a su ratificación como integrante de la Corte Suprema.
Luego de la audiencia de formalización del ministro de la Corte de Rancagua, el vocero del máximo tribunal expresó que la Corte Suprema considera que los hechos son lamentables y graves, pero que están a la espera del la sentencia y de la resolución de la investigación administrativa antes de emitir una declaración formal.
El tribunal internacional había ordenado a Chile anular las sentencias por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
