En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, el fiscal judicial Juan Escobar y el abogado (i) Arturo Prado– acogió la acción cautelar presentada contra el municipio en calidad de sostenedor de la escuela G 269 Icalma.
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que niega el beneficio de la libertad condicional a uno de los autores de los secuestros y homicidios del caso “Degollados”.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
Con esta decisión, la fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.
Así lo determinó la Corte Suprema en fallo unánime, al acoger recurso de casación presentado en contra de la sentencia que había absuelto a Luis Iracabal y Gustavo Latorre, ex director y ex gerente de FAMAE, respectivamente. Según la resolución del máximo tribunal, ambos son responsables de sustraer cada uno más de 298 mil dólares de los montos involucrados en la adquisición de 200 tanques Leopard I-V, en julio de 1998.
El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de presidio perpetuo que había determinado la Corte de Apelaciones y restableció la pena de cinco años de presidio, con libertad vigilada, que había sido adoptada en primera instancia.
En total se sancionaron a 15 médicos de la provincia del Ñuble. Los médicos deberán pagar 80 unidades tributarias.
Según el escrito presentado por su defensa, la pérdida de inmunidad representa una medida injusta, además de estimar que la acción legal en su contra debe ser presentada por el propio estudiante.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó ante la Tercera Sala de la Corte Suprema que anule el fallo en el que requiere que, a través del gobierno chileno, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA visite la cárcel donde se encuentra el opositor al gobierno de Venezuela.
El Presidente de la Corte Suprema se refirió a la demora en los procesos judiciales de Derechos Humanos e hizo un reconocimiento a la paciencia que los familiares y sobrevivientes han tenido para seguir luchando por la justicia.
Desde la multigremial condenaron las “conductas, actuaciones y comportamientos de quienes han transgredido las leyes, normas y principios de libre competencia”. Además, Conadecus presentó una demanda colectiva por un monto indemnizatorio de 800 mil millones de pesos.
El ex coronel en retiro será enjuiciado por asociación ilícita, así como por su responsabilidad en torturas practicadas en dicho regimiento.
Mientras parlamentarios y organizaciones exigen retirar la iniciativa del Gobierno, aprobada ya por la Cámara de Diputados, el máximo tribunal considera el control de identidad como “inaceptable”. Esto, cuando las demandas por control abusivo y criminalización de la protesta social son temas del examen del Relator de Naciones Unidas del Derecho a Manifestación y Reunión.
Las críticas de la Corte Suprema al informe de la Agenda Corta Anti delincuencia del Parlamento generaron diferencias de opinión entre los legisladores respecto de la competencia del Máximo Tribunal en la materia.
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
Entre las sentencias figura la del ex fiscal militar Fernando Torres Silva, con 10 años y un día de presidio, como autor de asociación ilícita.
El Gobierno, los familiares de las víctimas y otros actores apelarán a la libertad condicional otorgada a dos violadores de Derechos Humanos, condenados como autores del Caso Degollados.
