En fallo dividido la Cuarta Sala del máximo tribunal del país estableció fraude legal en el contrato de arriendo por 99 años suscrito por el propietario del terreno y un particular ajeno a la etnia.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.
El caso Arias partió en abril del 2019, luego de que el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo acusara de una serie de irregularidades.
Además, se anunció que la sentencia se dará a conocer el 13 de febrero a las 13:30 horas.
Las penas van desde los diez años a los trece años de presidio para los autores materiales e intelectuales.
El magistrado fue elegido por 18 votos a favor. Además, encabezará el cargo durante el periodo 2020-2022.
El fallo fue dictado por el ministro Sergio Muñoz, las ministras María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, y por el abogado integrante Jorge Lagos, votando en contra el abogado integrante Rafael Gómez.
En la jornada, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. “Tuvimos una muy buena conversación para intercambiar información, impresiones, pero fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas”, dijo el representante del organismo internacional.
El máximo tribunal ordenó poner fin a la medida cautelar de privación de libertad. Veloso Codocedo continuará enfrentando el proceso administrativo interno del Ejército por el delito de desobediencia.
Ambas autoridades se reunieron para destrabar una posible contienda de competencia. Haroldo Brito señaló que hablar de una reforma constitucional es algo “precipitado”.
Este lunes la Fiscalía Nacional, representada por la abogada Marisol Peña, se manifestó confiada en el éxito de su solicitud y señaló que es importante considerar como antecedente la remoción de los ministros Ellgueta y Vásquez de la Corte de Rancagua. “Los criterios que ha desarrollado la excelentísima Corte Suprema van a ser muy pertinentes en el debate que se va a iniciar a partir de este momento respecto de esta solicitud” expresó la ex ministra del Tribunal Constitucional.
El Gobierno anunció que impulsará una reforma constitucional para definir los límites entre el TC y la Justicia, de hecho, el ministro del ramo, Hernán Larraín, declaró que “no puede haber instituciones que le pongan el pie (encima) a otras, sino instituciones que trabajen en forma coordinada y armónica”.
El máximo tribunal del país ratificó lo sentenciado por las Cortes de Apelaciones de Arica y Santiago, dejando en claro la inexistencia de un fundamento legal para las expulsiones decretadas por las intendencias de las respectivas ciudades. No obstante, Rodolfo Noriega, quien presentó los recursos de amparo, se mostró preocupado ante una política migratoria que “genera de manera estructural inmigrantes en situación de irregularidad permanente”.
El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que expone la posibilidad que las sentencias del TC puedan ser supervigiladas por la Corte Suprema hizo renacer un viejo conflicto entre ambas instituciones y que surgió con la Reforma Constitucional propiciada durante el gobierno de Ricardo Lagos: la titularidad para resolver la inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Luego de rechazar un recurso de protección, el máximo tribunal deslizó que los fallos del TC pueden ser revisados, lo que provocó la inmediata reacción del pleno del Tribunal Constitucional. Desde la instancia contestaron que es la propia Constitución la que establece los límites de su accionar y aclararon que no está en juego “quién tiene la última palabra, conforme al principio de la separación de poderes”.
El máximo tribunal ratificó la determinación que había tomado en agosto, luego de una serie de denuncias de corrupción en contra de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El militar en retiro está condenado a 10 años y un día de cárcel por su participación en el secuestro, ejecución y desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroelectricas El Toro y El Abanico en 1973.
