El Presidente de la Corte Suprema se refirió a la demora en los procesos judiciales de Derechos Humanos e hizo un reconocimiento a la paciencia que los familiares y sobrevivientes han tenido para seguir luchando por la justicia.
Desde la multigremial condenaron las “conductas, actuaciones y comportamientos de quienes han transgredido las leyes, normas y principios de libre competencia”. Además, Conadecus presentó una demanda colectiva por un monto indemnizatorio de 800 mil millones de pesos.
El ex coronel en retiro será enjuiciado por asociación ilícita, así como por su responsabilidad en torturas practicadas en dicho regimiento.
Mientras parlamentarios y organizaciones exigen retirar la iniciativa del Gobierno, aprobada ya por la Cámara de Diputados, el máximo tribunal considera el control de identidad como “inaceptable”. Esto, cuando las demandas por control abusivo y criminalización de la protesta social son temas del examen del Relator de Naciones Unidas del Derecho a Manifestación y Reunión.
Las críticas de la Corte Suprema al informe de la Agenda Corta Anti delincuencia del Parlamento generaron diferencias de opinión entre los legisladores respecto de la competencia del Máximo Tribunal en la materia.
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
Entre las sentencias figura la del ex fiscal militar Fernando Torres Silva, con 10 años y un día de presidio, como autor de asociación ilícita.
El Gobierno, los familiares de las víctimas y otros actores apelarán a la libertad condicional otorgada a dos violadores de Derechos Humanos, condenados como autores del Caso Degollados.
Luego de que la Corte Suprema confirmara el desafuero del senador, el presidente del Senado informó que dejará de percibir las asignaciones parlamentarias; es decir, se acaban los pasajes aéreos, los viáticos, pagos de bencina, entre otros.
La crisis que vive la política de Brasil no solo estaría afectando al oficialista Partido de los Trabajadores, sino que a toda la clase política. La Procuraduría General solicitó abrir una investigación a 54 altos personeros políticos, entre los cuales estarían los presidentes de ambas Cámaras del Parlamento.
El dirigente se mostró escéptico al rol que ha tenido la clase política frente a la contaminación de las aguas del estero Pupío y la situación crítica que se vive en la comunidad de Caimanes que aún vive bajo el riesgo del relave minero perteneciente al grupo Luksic.
La Corte Suprema reiteró que las empresas no pueden reemplazar a trabajadores en huelga trasladando personal interno, lo que constituye una práctica antisindical que hace inoperante el recurrir al paro, en el marco de la negociación entre trabajadores y empleador.
