Siches, dio a conocer una serie de indicaciones al proyecto de ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos, entre otras medidas.
La decisión fue informada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien adelantó que la Fiscalía determinará eventuales responsabilidades de los funcionarios a los que se ve conversando con sujetos que dispararon contra manifestantes.
El subsecretario de Prevención del Delito se refirió al trabajo que desarrolla el Gobierno en materia de seguridad y destacó que “todavía estamos en un punto en que se pueden tomar decisiones políticas que permitan que no caigamos al barranco”.
Los ediles de Lo Espejo, Quinta Normal y Macul apuntaron al modelo social y económico que enfatiza en destinar los fondos para cuidar la propiedad privada y no garantizar la seguridad de toda la población.
El presidente subrogante de la entidad, Paolo Muñoz, indicó que este es un primer paso para incrementar los fondos y de funcionarios a todas las fiscalías del país.
El mandatario destacó las nuevas herramientas que entrega la normativa para perseguir a quienes usen armas y municiones de origen ilegal. Además, hizo un balance de su gestión en materia de seguridad, a días que un grupo de alcaldes presentara una carta criticando el actuar del Ejecutivo en esta materia.
Por otro lado, los detenidos de nacionalidades extranjeras están lejos de ser un número relevante, pues representan representan sólo el 1,6 por ciento del total de imputados a nivel nacional.
Este miércoles, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja empezó a debatir un proyecto de este tipo, presentado en enero por la diputada PPD, Cristina Girardi. “Por años se ha venido dando situaciones de robo de aguas, que han quedado absolutamente impunes”, enfatizó la autora de la moción.
El sargento segundo de Carabineros, Cristián Rivera Silva, fue condenado culpable del delito de lesiones graves y absuelto del de apremios ilegítimos por el disparo contra Brandon Hernández Huentecol, el 18 de diciembre de 2016.
Esta mañana y tras una orden de arresto emitida por el fiscal Emiliano Arias, fue detenido el sacerdote Óscar Muñoz, acusado de 7 presuntos abusos sexuales, algunos contra miembros de su propia familia.
Entre los ex funcionarios de su gobierno y gente cercana, varios de los cuales son cercanos a su actual campaña, hay muchos que son investigados en casos de corrupción, algunos arriesgando incluso penas de cárcel.
El miércoles los diputados podrán validar en que en Chile éste delito se tipifique como tal, medida que es valorada por organismos de Derechos Humanos.
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
Esta mañana se promulgó la nueva legislación con la que se pretende agilizar la tramitación de procesos en el Ministerio Público. El mensaje presidencial fue claro: Chile mantiene bajos índices de delitos, sin embargo, hay que trabajar para evitar su proliferación. Pese a la invitación, la ceremonia no contó con la presencia de los presidentes de la Nueva Mayoría, salvo excepciones.
La posible reestructuración de Gendarmería podría llevar a la separación del área de reinserción. La medida que está siendo revisada por el Ministerio de Justicia, está generando el cuestionamiento de los profesionales de esta división.
Violación de los Derechos Humanos de los internos, tortura por parte de gendarmería, hacinamiento, deshumanización, maltrato, pactos de silencio, perdida del contacto con la familia, falta de financiamiento de gendarmería y un sistema deficiente, fueron algunas de las conclusiones que arrojó el debate de 4 horas entre una veintena de organizaciones que se juntaron por primera vez para revisar las falencias del sistema penitenciario, en una actividad que fue organizada por el Centro de Estudio de la Justicia de la Universidad de Chile.
El Ejecutivo comprometió fecha para el envío de proyecto que modifica Ley Antiterrorista. Esto, después de recibir el informe de la Comisión Asesora Presidencial que, entre sus principales observaciones, apunta a terminar con el corpus legal e incorporar los delitos terroristas a la ley penal común. El informe ya ha generado algunas reacciones en el mundo parlamentario, quienes someterán a votación el texto del Gobierno.
