La organización destaca que el principal incumplimiento se basa en la capacitación efectiva y permanente en materia de DDHH a funcionarios del Estado
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Este jueves fue entregada, a Sebastián Piñera, una carta con diversas exigencias, entre ellas, “verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición”.
Miles de personas se han expuesto a condiciones extremas en los últimos años para llegar al país, varios de forma irregular. Sin embargo, estos riesgos, aseguran, valen la pena ante la esperanza en encontrar un lugar donde vivir con la seguridad que en sus países de origen no tienen.
La acción se basa en que el asesinato de Francisco Martínez fue posible debido a la omisión, de parte de las autoridades de Gobierno, del cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su Informe emitido el 13 de Diciembre de 2019.
El abogado querellante aseguró que mantener al imputado por homicidio simple solo con arresto domiciliario dista mucho de las medidas cautelares aplicadas para los llamados presos de la revuelta. “Aquí, en el fondo, hay una justicia para ricos y otra para pobres”, sentenció.
Los representantes de una niña chilena con discapacidad solicitaron el martes 2 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene al Estado de Chile por avalar judicialmente el retiro de una cobertura de su seguro de salud privado.
El académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Universidad de Chile coincidió con el INDH en la necesidad que el Estado brinde una adecuada y oportuna respuesta a quienes han visto violentados sus derechos fundamentales: “Las victimas de violaciones a los derechos humanos deben ser reparadas integralmente”, aseguró.
Ambas instituciones realizarán durante el año 2021 esfuerzos conjuntos para promover los derechos humanos en el país.
Tres votos a favor y dos en contra le dieron la aprobación al proyecto que busca otorgar un indulto por razones humanitarias a condenados e imputados por delitos cometidos en el marco del estallido social.
En una carta entregada en el Palacio de La Moneda, las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos pidieron al Presidente Piñera permitir el avance del proyecto de ley que se revisará y votará este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La acción es una extensión de la querella interpuesta en contra del Presidente Sebastián Piñera Echenique y del ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, por delitos de lesa humanidad.
Siete fueron las casas de estudios que respondieron al llamado de la U. de Chile para generar un espacio de interacción con la comunidad, abierto y gratuito. Jornadas que se realizaran entre el 18 y 22 de enero, bajo el nombre de “Diálogos constituyentes: + Democracia + Derechos Humanos + Territorios”
La iniciativa requería de 89 votos, al no obtenerlos, quedó archivada.
La defensora de Derechos Humanos interpuso hace un par de días un recurso de protección en el que solicita la eutanasia, recurso que fue declarado admisible y que hoy está en trámite. “No quiero depender de transfusiones, ni de silla de ruedas, ni de bastones, quiero vivir digna, no quiero depender de morfina ni nada”, explica en entrevista con Radio Universidad de Chile.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad abordó esta aprobación, destacando la importancia que tiene en el avance del respeto de los derechos humanos de las mujeres.
En su presentación en la Comisión de DDHH del Senado, que comenzó este martes a revisar el proyecto, el ministro de Justicia sostuvo que, según cifras de Gendarmería, la iniciativa beneficiaría a 227 personas que han sido detenidas y formalizadas, de las cuales 162 se encuentran en prisión preventiva y sólo 55 cuentan con condenas de primera instancia.
