Cabe señalar que este caso, conocido como episodio Paine, comprende la investigación de 70 víctimas en total, en su gran mayoría campesinos de la zona.
La Dirección de la Igualdad de Género de la Universidad de Chile plantea que este incremento podría explicarse por el mayor conocimiento que las personas tienen del instructivo Mara Rita, una medida vanguardista tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica que busca aportar a la calidad de vida y el reconocimiento de los derechos de personas trans y no binarias que son parte de la comunidad universitaria.
Por acuerdo le corresponde al oficialismo encabezar la instancia, sin embargo, desde la oposición no quieren entregarle la Comisión de DD.HH porque, argumentan, ha sido el Gobierno de Chile Vamos quien ha violado los derechos fundamentales, sobre todo, desde el estallido social a la fecha.
Fue el senador Alejandro Navarro quien advirtió que ninguno de los dos legisladores oficialistas que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos -Felipe Kast e Iván Moreira- puede presidirla, pues, para el representante de la región del Biobío, la derecha habría perdido su legitimidad en materia de derechos fundamentales después del estallido social del 18 de octubre. La votación será este lunes.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales abordó las medidas que se están tomando a nivel internacional para garantizar la protección de derechos de personas migrantes en Chile.
A raíz de las denuncias surgidas durante las jornadas de protesta que ha vivido el país, el Colectivo Crítico Pandemia & Salud declaró: “Buena parte de estas agresiones son sistemáticamente realizadas desde el aparato del Estado”.
La primera mujer chilena en llegar al cargo abordó la situación de la región en la materia, especialmente en contexto de pandemia.
El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile se refirió a la polémica que generaron las declaraciones de Cristián Barra sobre las Fuerzas Armadas, así como también la responsabilidad del Gobierno en la represión y violaciones a los DD.HH cometidas en el país.
El abogado defensor de derechos humanos se refirió a las graves situaciones de represión policial que se vivieron durante estos últimos días, y señaló que “hay un doble estándar en la aplicación de las normas sanitarias y la invocación de los protocolos sobre el tema, dependiendo de quién lo incumple”.
Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena. Además, según declaran los expertos la pena de muerte no tiene mayor incidencia en acabar con ciertos crímenes, sino por el contrario incluso puede llevar a errores irreparables.
Familiares y amigos de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo se reunieron ante Tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas.
La organización destaca que el principal incumplimiento se basa en la capacitación efectiva y permanente en materia de DDHH a funcionarios del Estado
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Este jueves fue entregada, a Sebastián Piñera, una carta con diversas exigencias, entre ellas, “verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición”.
Miles de personas se han expuesto a condiciones extremas en los últimos años para llegar al país, varios de forma irregular. Sin embargo, estos riesgos, aseguran, valen la pena ante la esperanza en encontrar un lugar donde vivir con la seguridad que en sus países de origen no tienen.
La acción se basa en que el asesinato de Francisco Martínez fue posible debido a la omisión, de parte de las autoridades de Gobierno, del cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su Informe emitido el 13 de Diciembre de 2019.
El abogado querellante aseguró que mantener al imputado por homicidio simple solo con arresto domiciliario dista mucho de las medidas cautelares aplicadas para los llamados presos de la revuelta. “Aquí, en el fondo, hay una justicia para ricos y otra para pobres”, sentenció.
