El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se refirió a la demora en el seguimiento en la materia realizado por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las entidades enviaron un carta pública a Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan su preocupación por la demora en los resultados de las visitas efectuadas en diciembre de 2019 y enero de 2020 a Chile.
Ante las presiones del Ejecutivo a distintos medios de comunicación, la académica señaló que no es de extrañar la conducta antidemocrática el Gobierno, su actitud violenta contra aquellos que lo cuestionan, pues La Moneda ya ha perdido su capacidad de diálogo y, ante la evidencia, se ha encargado de coartar la libertad de expresión.
Las organizaciones firmantes confirmaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar el nombramiento de Patricio Melero en un cargo de secretario de Estado.
En conversación con nuestro medio, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile manifestó la preocupación del organismo por la situación en el país. “Necesitamos una nueva policía que responda a las necesidades de una democracia que quiera ser respetuosa de los derechos humanos”, advirtió Piquer.
La organización presentó esta mañana su Informe Anual 2020-2021 en el que se informó que a pesar de las crisis que han afectado al país durante los últimos meses, el Ejecutivo no escucha las demandas de la ciudadanía.
Cabe señalar que este caso, conocido como episodio Paine, comprende la investigación de 70 víctimas en total, en su gran mayoría campesinos de la zona.
La Dirección de la Igualdad de Género de la Universidad de Chile plantea que este incremento podría explicarse por el mayor conocimiento que las personas tienen del instructivo Mara Rita, una medida vanguardista tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica que busca aportar a la calidad de vida y el reconocimiento de los derechos de personas trans y no binarias que son parte de la comunidad universitaria.
Por acuerdo le corresponde al oficialismo encabezar la instancia, sin embargo, desde la oposición no quieren entregarle la Comisión de DD.HH porque, argumentan, ha sido el Gobierno de Chile Vamos quien ha violado los derechos fundamentales, sobre todo, desde el estallido social a la fecha.
Fue el senador Alejandro Navarro quien advirtió que ninguno de los dos legisladores oficialistas que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos -Felipe Kast e Iván Moreira- puede presidirla, pues, para el representante de la región del Biobío, la derecha habría perdido su legitimidad en materia de derechos fundamentales después del estallido social del 18 de octubre. La votación será este lunes.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales abordó las medidas que se están tomando a nivel internacional para garantizar la protección de derechos de personas migrantes en Chile.
A raíz de las denuncias surgidas durante las jornadas de protesta que ha vivido el país, el Colectivo Crítico Pandemia & Salud declaró: “Buena parte de estas agresiones son sistemáticamente realizadas desde el aparato del Estado”.
La primera mujer chilena en llegar al cargo abordó la situación de la región en la materia, especialmente en contexto de pandemia.
El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile se refirió a la polémica que generaron las declaraciones de Cristián Barra sobre las Fuerzas Armadas, así como también la responsabilidad del Gobierno en la represión y violaciones a los DD.HH cometidas en el país.
El abogado defensor de derechos humanos se refirió a las graves situaciones de represión policial que se vivieron durante estos últimos días, y señaló que “hay un doble estándar en la aplicación de las normas sanitarias y la invocación de los protocolos sobre el tema, dependiendo de quién lo incumple”.
Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena. Además, según declaran los expertos la pena de muerte no tiene mayor incidencia en acabar con ciertos crímenes, sino por el contrario incluso puede llevar a errores irreparables.
Familiares y amigos de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo se reunieron ante Tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas.