A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país.
En conversación con nuestro medio, la periodista y exmilitante del MIR, autora del libro ‘119 de nosotros’, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los agentes de la DINA involucrados en la ‘Operación Colombo’ es “una nueva provocación” del Poder Judicial.
La movilización se inicia este viernes en Santiago, pero contempla acciones similares en las regiones de Antofagasta y Magallanes. De carácter rotativo en lapsos de 24 horas cada uno, familiares y amistades solo consumirán agua y té hasta el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por medio de la publicación, la abogada Catalina Fernández Carter evidenció cómo el término ha sido mal utilizado durante los días de estallido social. En esa línea, la experta señaló que para distintos sectores políticos y sociales los derechos humanos se han transformado en “un comodín” que ha desconocido el sentido real del concepto.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos afirmó que “la gestión del saliente general Director, Mario Rozas, debe ser analizada a la luz de la legislación vigente”.
Las subsecretarias Lorena Recabarren y Katherine Martorell retomaron las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo que integran junto a representantes de la Fundación Iguales, el MOVILH, el Movimiento Unificado por la Diversidad y del Frente Trans Feminino.
La muerte del comunero en Temucuicui reveló lo que muchos negaban hasta entonces: que Carabineros violentaba y mentía en territorio mapuche. Sin embargo, a pesar de la relevancia social que tuvo el crimen todavía no hay justicia ni tampoco existen responsabilidades políticas por su muerte.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado se reunieron con diversas organizaciones para abordar no solo el estado de salud y reclusión de los presos, sino también las posibilidades de buscar una salida política ante estos casos.
Los encuentros se realizarán cada martes de noviembre a las 19:00 horas de manera digital, previa inscripción.
La petición es a investigar y sancionar a los responsables, así como a entregar plenas garantías del actuar de los profesionales de salud.
Aunque el Gobierno impuso el toque de queda por la pandemia, ahora que varias comunas del país ya han superado el peak de COVID-19 su aplicación genera dudas. Para muchos, su aplicación ha dejado de ser necesaria y proporcional en muchas zonas del país.
Ante la información respecto de infiltraciones policiales y los allanamientos que se han hecho en Lo Hermida durante la última jornada, uno de los integrantes de la Comisión conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que están viviendo. “Creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual”.
La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Señor Director: En su reciente discurso sobre el Presupuesto del Estado para 2021, el Presidente de la República anunció la asignación de recursos para la creación de los dos nuevos servicios que reemplazarán al actual Servicio Nacional de Menores y cuyos proyectos de Ley actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. Valoramos que se […]
En el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abordó la situación de este derecho en el país, destacando la disposición del organismo internacional para apoyar a Chile en su garantía.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
