La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, emplazó directamente al director de Carabineros, Mario Rozas, así como al general de la macro zona sur, Enrique Bassaletti.
Ahora serán los senadores quienes tendrán la palabra final. Son 22 los votos que se necesitan en la Cámara Alta para aprobar la acusación. En caso de que así sea, Andrés Chadwick quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo.
La senadora PPD cuestionó el acuerdo del Senado en torno al orden público y dijo que el Gobierno busca “compartir la responsabilidad de que estén nuevamente los militares en la calle”.
El objetivo de la instancia es crear un archivo con cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las movilizaciones que vive el país.
En conversación con nuestro medio, la ex subsecretaria de Derechos Humanos explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza violencia sexual y, en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada.
El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, valoró el informe emitido este martes por la ONG Human Rights Watch, que recomendó una reforma policial luego de evidenciar graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por efectivos de Carabineros.
La ONG expuso este lunes ante la comisión que investiga la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. La directora ejecutiva de la organización, Ana Piquer, indico que si acaso el Gobierno ha tomado medidas para terminar con la represión desmedida, estas no han sido suficientes.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales lamentó la reacción del Gobierno ante el informe de Amnistía Internacional e hizo un llamado al Ejecutivo a condenar con mayor fuerza las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último mes en el país.
Entre las razones argumentadas por las organizaciones, están las decisiones y dichos emitidos por la autoridad que se alejaron de toda legalidad durante las horas más críticas de la crisis social.
La mañana de este martes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, donde abordaron la actual situación de abusos que se vive en Chile.
El texto cuenta con apoyo de parte del Frente Amplio, el PPD, el PS y el Partido Comunista. “No es posible que en este país se siga con la impunidad política, con la impunidad moral, con la impunidad social”, señaló respecto de los motivos de la acusación la diputada por el distrito 8.
En la jornada, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. “Tuvimos una muy buena conversación para intercambiar información, impresiones, pero fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas”, dijo el representante del organismo internacional.
A través de una declaración, parte de la comunidad universitaria expresó su solidaridad con las víctimas de la represión.
Para el presidente de la Fundación para la Democracia, Guillermo Whpei, si el presidente Sebastián Piñera continúa con la represión a su pueblo, pasará a la historia como uno de los peores presidente de Chile.
El silencio ha primado en La Moneda ante las acusaciones que han surgido desde diversas instituciones y la grave situación en que se encuentran más de 200 personas que han sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Las prioridades del Ejecutivo están claras y así lo enfatizó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren: “El compromiso irrestricto es con la seguridad pública”, aseguró.
