En conversación con Radioanálisis, la diputada Catalina del Real (RN) cuestionó la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Mientras, por otro lado, señaló que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos deben investigarse de forma acuciosa.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los representantes presentaron un documento con nueve propuestas que definieron como “la única forma en que se puede enfrentar los desafíos que tenemos en la agenda social, constitucional y de seguridad”.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el mandatario nombró por primera vez a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Sin embargo, no especificó los apremios recibidos ni quién los llevó a cabo, a diferencia de los casos que mencionó de uniformados heridos, en quienes puso especial énfasis.
Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Visuales 2017, encabeza la lista de más de 260 firmantes de la carta que solicita suspender las distinciones Rodrigo Rojas de Negri y Antonio Quintana por los atropellos que han sufridos los fotógrafos en Chile tras el estallido social.
El último balance entregado por el organismo registra casi 3.500 personas heridas y casi 1.400 denuncias por vulneraciones en comisarías.
El director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, enfrentó la postura de Carabineros respecto de las denuncias por violación a los Derechos Humanos mostradas en su informe de visita a Chile. Para Vivanco, “una lectura más acuciosa del documento” habría evitado esta manifestación de parte de la policía.
Los cinco diputados que conforman la comisión escucharon, como ha sido la tónica todos estos días, a los expositores invitados para que den sus puntos de vista respecto de la mediática acción.
Mientras las miradas están fijas en la acción constitucional que enfrenta Sebastián Piñera en el Congreso, el Ministerio Público ya ha tomado declaración y oficiado a distintas instituciones y autoridades, esto, en el marco de la investigación de la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron 16 abogados en contra del mandatario.
Con la presencia de los máximos representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema y el Ministerio de Salud, entre otros, la instancia completó su tercera sesión extraordinaria desde el comienzo de las manifestaciones.
La comisión terminó la sesión a eso de las 16:00 horas. Por lo pronto, el presidente Piñera tiene hasta este miércoles a las 23:59 horas para contestar a la posible acusación, y el martes 10 se debiese presentar su defensa. El miércoles 11 la comisión debiese votar la acusación, mientras que en Sala se vería el jueves 12.
La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, emplazó directamente al director de Carabineros, Mario Rozas, así como al general de la macro zona sur, Enrique Bassaletti.
Ahora serán los senadores quienes tendrán la palabra final. Son 22 los votos que se necesitan en la Cámara Alta para aprobar la acusación. En caso de que así sea, Andrés Chadwick quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo.
La senadora PPD cuestionó el acuerdo del Senado en torno al orden público y dijo que el Gobierno busca “compartir la responsabilidad de que estén nuevamente los militares en la calle”.
El objetivo de la instancia es crear un archivo con cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las movilizaciones que vive el país.
En conversación con nuestro medio, la ex subsecretaria de Derechos Humanos explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza violencia sexual y, en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada.
El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.
