El coordinador de la Cátedra de DD.HH. de nuestra casa de estudios cuestionó la estrategia del Gobierno frente a las movilizaciones sociales y manifestó que el Ejecutivo ha apostado por la violencia y la división del movimiento, desentendiéndose del tema de fondo de la crisis.
“Exigimos una investigación que dé cuenta de todas las personas responsables de estos hechos que culminaron con dos estudiantes, menores de edad, heridas por carabineros en el interior de un establecimiento educacional y que se establezcan todas las responsabilidades administrativas y penales, y que se adopten medidas de reparación y particularmente se garantice la no repetición de estos actos”, señala el documento elaborado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
“El Gobierno de Sebastián Piñera, y particularmente el Presidente, elude toda la responsabilidad política que tiene el haber decretado un Estado de Emergencia, sacar más de 10 mil soldados a la calle”, sostuvo la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz.
En su primera entrevista concedida a un medio nacional (antes lo había hecho con la BBC) el Mandatario defendió el rol de Carabineros frente a la crisis; reiteró la necesidad de una agenda social y se distanció de la idea de una asamblea constituyente.
Los funcionarios manifestaron su disconformidad con lo señalado por el director Sergio Micco que, según expresan en un comunicado público, aumentan las violencias entre Carabineros y manifestantanes y ponen en riesgo su rol como punto de contacto entre ciudadanos y Estado.
Recordemos que pese a las cifras, el director del INDH negó una violación sistemática a los derechos humanos por parte del gobierno, afirmación que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores sociales y políticos.
El abogado analizó la situación del Presidente Piñera y su imagen internacional ante las denuncias de violaciones a las libertades fundamentales ocurridas durante las movilizaciones sociales y recordó que la justicia universal habilita a toda persona a buscar la persecución penal de las violaciones de los DD.HH. en cualquier parte del mundo.
La vocera de Gobierno dijo que el Presidente Piñera ha tenido un “respeto irrestricto” a los Derechos Humanos y sostuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas fue inevitable: “Tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos”, dijo.
De ese total, 475 casos se vincularían a niños, niñas y adolescentes.
Dos parlamentarios y un asesor compartieron sus impresiones después de reunirse durante estos días con un amplio espectro de organizaciones gremiales y sociales, con el fin de recolectar testimonios de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones civiles de los últimos 12 días.
Las diez firmas necesarias para dar vida a esta herramienta constitucional se lograron transversalmente en la oposición, incluida la Democracia Cristiana, partido que confirmó a último minuto su apoyo.
El académico analizó la situación de DD.HH. en el contexto de las protestas por inequidad social y señaló que la Cátedra que dirige, junto a otras organizaciones solicitaron que la Comisión Interamericana realice una visita al país para que informe sobre la violencia institucional presente en FF.AA y Policías.
Consultado por los casos de atropello a derechos fundamentales, el subsecretario de Interior consideró que “la institución está funcionando”. En tanto, la vocera Karla Rubilar dijo que volver al estado de excepción “se puede considerar”.
En la suma de lo registrado por las organizaciones presentes, las cifras finales indican la existencia de 5 mil detenidos, 20 mujeres y 2 hombres abusados sexualmente, 10 desaparecidos, 60 personas con daños oculares y 26 fallecidos.
“Condenamos de manera enérgica las acciones de torturas y abusos de los que da cuenta, hechos que constituyen una grave vulneración a sus derechos fundamentales”, indicaron desde la casa de estudios.
El organismo informó también 3.193 detenidos, de los cuales 343 son niños, niñas y adolescentes.
El presidente de la la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) afirmó que “estamos buscando que las autoridades no solo tengan sanción política, sino que también penal”.
