El último reporte el Instituto Nacional de Derechos Humanos se da luego de entrevistas a 3.163 personas en 93 comisarías. El director del organismo, Sergio Micco, detalló que, hasta el momento, son 437 las personas que han sido heridas por armas de fuego.
La información fue confirmada luego de una reunión entre el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. (ACNUDH), Xavier Mena.
La ex presidenta chilena ya había manifestado su preocupación respecto de la situación que vive Chile y había pedido a las autoridades actuar en “estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se han mostrado preocupado por la ola de denuncias que han recibido ambas instancias por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. “Lo más preocupante es el abuso generalizado y sistemático de los militares y carabineros en las detenciones”, dice el juez Daniel Urrutia.
A través de un comunicado, indicaron que “la Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho”.
El ministro Hernán Larraín abordó esta tarde las denuncias contra carabineros y militares sobre violación de derechos humanos y afirmó que en ningún caso el estado de emergencia debe significar violencia y abusos.
La institución entregó este miércoles un nuevo informe con datos recabados hasta el mediodía de hoy.
Este último reporte corresponde a la información recabada desde el 17 de octubre hasta las 15 horas de este martes.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la abogada miembro de la Asociación de Abogadas Feministas, Camila Troncoso, recalcó que los tratos vejatorios, como desnudos en las comisarías, están totalmente prohibidos.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile criticó la instrumentalización del Consejo de Derechos Humanos y el doble estándar de un Ejecutivo que, por un lado, se oponía a la candidatura venezolana por los pronunciamientos de la ONU sobre violaciones a los DD.HH. y, por otro, defendía la del Brasil de Jair Bolsonaro, que también ha sido cuestionado por el organismo.
Luego de una reñida votación, los países elegidos para ocupar los dos escaños que se disputaban para América Latina y el Caribe fueron Brasil -con 153 votos- y Venezuela -con 105 votos-. Así, se confirmó el fracaso de la campaña que lideró el canciller Teodoro Ribera en contra de la postulación del país gobernado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Monumentos Nacionales decidió, de manera unánime, rechazar la solicitud de un grupo de senadores UDI que buscaba dejar sin efecto la puesta en valor del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, sitio donde fueron fusilados simpatizantes de la Unidad Popular. La decisión fue valorada por los organismos de derechos humanos de la zona, que vieron en el gesto, una reparación histórica.
El próximo lunes 21 de octubre, en Sala Master de Radio Universidad de Chile, el periodista presentará su último libro, El costo del silencio. En conversación con el programa Semáforo, el autor abordó los detalles de esta publicación que recoge el testimonio de tres militantes comunistas que, durante la Unidad Popular, se infiltraron en la Policía de Investigaciones.
Se trata del magistrado Daniel Urrutia, quien fue sometido a un proceso sancionatorio tras remitir un trabajo académico a la Corte Suprema con críticas por su actuar en dictadura. En conversación con este medio, Fabián Sánchez, representante de Urrutia, explicó cómo pretenden demostrar su postura.
“Todos los Estados tienen la obligación de defender la democracia, por tanto, si el presidente Moreno no toma medidas de sanción contra quienes son responsables de estas muertes y no es muy claro con respecto al respeto irrestricto a los derechos humanos, esa es una posición condenable y los países de la región tendrán que tomar posición”, sostuvo la académica y analista internacional, Pamela Figueroa.
La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas “directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas.
La sentencia fue dictada por el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en contra de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy Garcia y Fernando Lauriani Maturana, por sus responsabilidades en el secuestro calificado en contra de Sergio Órdenes Albornoz, joven militante del MIR, ocurrido en enero de 1975.
