“Todos los Estados tienen la obligación de defender la democracia, por tanto, si el presidente Moreno no toma medidas de sanción contra quienes son responsables de estas muertes y no es muy claro con respecto al respeto irrestricto a los derechos humanos, esa es una posición condenable y los países de la región tendrán que tomar posición”, sostuvo la académica y analista internacional, Pamela Figueroa.
La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas “directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas.
La sentencia fue dictada por el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en contra de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy Garcia y Fernando Lauriani Maturana, por sus responsabilidades en el secuestro calificado en contra de Sergio Órdenes Albornoz, joven militante del MIR, ocurrido en enero de 1975.
El capellán del HDC y parte del directorio del Servicio Jesuita Migrante, José Yuraszeck, valoró el aporte del ‘cura obrero’, quien durante la dictadura se dedicó a denunciar los horrores del régimen de Augusto Pinochet. Luego de un sentido velorio ciudadano en el Museo de la Memoria, sus funerales se llevarán a cabo este lunes a las 11 horas en la Iglesia San Ignacio.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Red de Sitios de Memoria, la Fundación Víctor Jara, y la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, entre otros.
El galardón otorgado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha sido entregado a importantes defensores de los derechos humanos, entre ellos Andrés Aylwin, Carmen Frei y José Aldunate. El presidente de dicha entidad, Carlos Margotta, destacó el rol de la emisora de “abrir sus micrófonos a distintas voces y ensanchar la democracia que aún está en construcción en nuestro país”.
La asistente social que trabajó por los derechos humanos en el Comité Por Paz y luego en la Vicaría de la Solidaridad, Victoria Baeza, y la Doctora en Derecho, académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Universidad de Chile, Claudia Iriarte, abordaron, en nuestro noticiero Radioanálisis, la relación entre mujer y Derechos Humanos.
Francisco Cox, abogado de la Universidad Diego Portales, master en Columbia, es experto en Derechos Humanos.
En conmemoración de los 46 años del Golpe Militar, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile, Soledad Piñeiro, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile, y puso énfasis en los casos cuyos afectados fallecieron sin conocer el resultado de las investigaciones en curso.
A pocas horas de haber recibido nuevos restos de su esposo, el periodista y abogado Carlos Berger, asesinado en 1973 por la dictadura cívica-militar liderada por Augusto Pinochet, la diputada comunista lamentó que, a 46 años del golpe, estas políticas de exterminio “hoy no son una verdad social”.
A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado es a rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la memoria. Además, se instará a las autoridades a respetar a los inmigrantes.
El magistrado Jaime Arancibia sentenció a Carlos Araya Tobar a 12 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio de Juan Guillermo Ramírez Peña. A la vez se condenó a Etiel Romero Ramírez a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como encubridor del mismo ilícito.
En un panel realizado este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, indicó que incluso en la transición a la democracia, la CIDH exigió que las violaciones a los derechos humanos sean sancionadas.
En esas fosas se han descubierto casi 5.000 cuerpos, según un histórico informe presentado el viernes, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La iniciativa busca evidenciar la situación no resuelta por el Estado de Chile de los detenidos desaparecidos en dictadura y en democracia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada y del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El 21 de diciembre del año 2010, la ONU decide declarar el día 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, como una forma de conmemorar y mantener la memoria de estos hechos. Ahora bien, en nuestro país, debido a la lamentable historia que nos precede, diversas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ya conmemoraban este día, en memoria de las victimas que sufrieron desapariciones forzadas en tiempos de dictadura. Es en este contexto que, en la actualidad, el Estado en miras de reparación al daño evidenciado a los y las familiares de víctimas de desapariciones forzadas, mantiene algunas medidas, en el ámbito de salud, cuenta con el programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos (PRAIS).
El recinto que ocupaba la DINA durante la dictadura militar fue vendido a una sociedad inmobiliaria, venta que sería ilegal, pues el sitio fue declarado Monumento Histórico en 2016.
