Europa es la región del mundo que muestra más dificultades políticas e institucionales para acoger la inmigración, pero también la co-responsable de las catástrofes que han agudizado los desplazamientos. En Chile, el que algunos trabajos sean crecientemente asumidos por inmigrantes de un país específico ha llevado a que, para ciertas miradas obtusas, esos imaginarios estén en una jerarquía inferior en relación al que ellos consideran “chileno”.
Luego de la controversia con Carabineros, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionó la solicitud de remoción que presentó un grupo de parlamentarios opositores y subrayó que “el rol del Instituto es incomodar. Si no levantamos nosotros la voz, ¿quiénes?”.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos envió una nueva carta a Gustavo González Jure, en la que señala que “las observaciones realizadas por el INDH no expresan que el actuar de Carabineros en su conjunto vulnere los derechos humanos, sino que en el cumplimiento de una de sus funciones se produce, como consecuencia generalizada, la vulneración del derecho de manifestación”.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH) sostuvo en conversación con Radio Universidad de Chile, que las catástrofes en el norte, así como los incendios forestales en el sur, dejan en evidencia situaciones de abuso hacia los trabajadores, los que en tiempos normales se ocultan. Además, Lorena Fríes fue enfática al señalar que el INDH no avalará la implementación de medidas como el Estado de Sitio en fechas conflictivas para el país, tal como lo expresó el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.
Fruto de los cuoteos políticos entre los partidos, este año la encargada de presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado será la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe.
Noticia que molestó a las organizaciones que promueven la defensa de los DD.HH. y que sorprendió al mundo político.
Este lunes comenzó el juicio del denominado “Caso Farmacias” después de que, hace un año y medio, la Corte de Apelaciones decidiera revocar el polémico acuerdo conciliatorio entre la fiscalía y los imputados. La jornada comenzó con tensiones, que auguran un clima complejo durante los 90 días que duraría el proceso.
La fotógrafa norteamericana Paula Allen presenta la exposición “Flores en el Desierto” en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La muestra es un seguimiento fotográfico de 25 años donde las protagonistas son madres, esposas, hijas y nietas de detenidos desaparecidos en Calama por la “Caravana de la Muerte”.
Un grupo armado no identificado secuestró a por lo menos 89 adolescentes, algunos muy jóvenes, de apenas 13 años, en la ciudad de Wau Shilluk, en el norte de Sudán del Sur, anunció el sábado Unicef.
Pese a estar pronosticada para hoy, los tribunales italianos decidieron retardar hasta marzo el juicio por los crímenes cometidos en los regímenes militares en distintas naciones Sudamericanas en la década del ´70y ´80, con el fin de aclarar las desapariciones y ejecuciones de más de veinte ciudadanos italianos.
Integrantes de la comunidad Antonio Paillao, denunciaron que fueron víctimas de una violencia desmedida por parte de efectivos policiales, quienes habrían disparado perdigones a los comuneros, en el marco del desalojo llevado a cabo en el Fundo Canihual, en la comuna de Tirúa. El hecho es el segundo caso que se registra en el sur, en menos de un mes, los antecedentes fueron analizados por el INDH quien solicitó los antecedentes respectivos a Carabineros.
Violación de los Derechos Humanos de los internos, tortura por parte de gendarmería, hacinamiento, deshumanización, maltrato, pactos de silencio, perdida del contacto con la familia, falta de financiamiento de gendarmería y un sistema deficiente, fueron algunas de las conclusiones que arrojó el debate de 4 horas entre una veintena de organizaciones que se juntaron por primera vez para revisar las falencias del sistema penitenciario, en una actividad que fue organizada por el Centro de Estudio de la Justicia de la Universidad de Chile.
Según indicaron abogados y organizaciones sociales, con esto se pone en juego una serie de medidas que habían sentado un positivo precedente judicial y se compromete la responsabilidad de Estado chileno con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
