El anteproyecto propone medidas y acciones para avanzar en seguridad hídrica, sobre las cuales la ciudadanía puede opinar en el sitio web de la Dirección General de Aguas del MOP hasta el 6 de septiembre.
La ambientalista Paulette Carvajal afirmó que “mientras no se fiscalice, no se detenga el robo de agua y la extracción de agua excesiva para los monocultivos, esto va a seguir pasando”.
La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, afirmó que están pidiendo al mandatario que “dé fe de su voluntad política de proteger los glaciares y de avanzar en la política climática”.
El titular del MOP dio a conocer las medidas para mejorar la fiscalización que durante el 2022 arrojó 500 sanciones por 4 mil millones de pesos. “El cuidado del agua es una prioridad y para nosotros no es solamente una frase vacía”, subrayó.
Luego que la Dirección General de Aguas volviera a imponer una multa a la Sociedad Agrícola Las Loicas, de propiedad del exministro democratacristiano, por el desvío ilegal de un curso de agua hacia un embalse privado, el vocero de Modatima analizó la actual situación del recurso hídrico en nuestro país.” El agua tiene que ser un derecho humano que debe estar consagrado como tal en el régimen constitucional”, afirmó, interpelando a los candidatos a la Convención Constitucional a poner el tema en el centro del debate.
Luego de que se declararan desiertas las dos subastas de derechos de uso no consuntivo agendadas para este martes, los vecinos y organizaciones de la región aseguraron que mantendrán las manifestaciones en todas las que restan.
Desde las organizaciones que acudieron hasta Chillán para manifestarse en contra del proceso calificaron como “una victoria” la acción.
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
Luego de que la SNA y otros cinco gremios publicaran un inserto en rechazo a la reforma al Código de Aguas, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el ex director de la DGA desmintió el comunicado y acusó una maniobra “desesperada” por parte de las asociaciones.
Son 27 las presuntas anomalías que la Dirección de Aguas (DGA) detectó en su reciente fiscalización. Los pozos de agua revisados tenían derechos provisionales en la zona y se quiere establecer, si efectivamente existió extracción ilegal del recurso hídrico.
Los empresarios agroexportadores no tienen escrúpulos a la hora de construir sus pozos y extraer toda el agua posible para sus siembras. Las consecuencias están a la vista, un territorio que debe ser abastecido por camiones aljibe y pequeños agricultores que luchan por sobrevivir en la provincia de Petorca.
La Comisión de Recursos Hídricos del Senado aprobó “la prevalencia del agua para el consumo humano, subsistencia y saneamiento” y de esto dependerá el otorgamiento y la limitación de los nuevos derechos de aguas. La Dirección General de Aguas (DGA) afirmó que existen argumentos consistentes para que los nuevos derechos sean limitados y no entregados a perpetuidad. Sin embargo, los parlamentarios de oposición no descartan que sea un punto revisado por el Tribunal Constitucional.
A pesar del avance legislativo, un grupo de diputados ven con preocupación una serie de indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, que cambiarían sustancialmente el proyecto despachado por la sala de la Cámara Baja. No descartan que sea revisado en una comisión mixta.
El proyecto de modificación al Código de Aguas inició su votación en particular en la comisión de Agricultura. Sin embargo, desde el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, aseguraron que el 90 por ciento de los derechos de agua ya están otorgados y la reforma no contempla su modificación.
La acusación que fue presentada esta mañana ante el Ministerio Público involucra a los empresarios Ignacio Álamos, Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda García, Osvaldo Junemann y Juan Ruiz Tagle. De ser encontrados culpables solo pagarían 540 días de prisión, como máximo.
El servicio dependiente del MOP respondió ante la Corte de Apelaciones debido a la reclamación que interpuso la compañía, que consideró que la medida es un uso irregular de una facultad legal excepcional.
La Corte Suprema dio la razón a la minera Los Pelambres en cuanto a los derechos de aguas afloradas “fortuitamente” en el terreno de su concesión. La empresa, Antofagasta Minerals, de propiedad de la familia Luksic, celebró a través de un comunicado de prensa, pero aun así la determinación genera dudas y preocupación en organizaciones ambientales.
