El ministro Llanos condenó a ocho ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional por su participación en los crímenes de Iván Olivares Coronel, Pedro Labra Saure y Jaime Ossa Galdames y el secuestro calificado de Gustavo Ramírez Calderón en tiempos de dictadura.
La noticia confirmada por la justicia confirma que no se trataría de víctimas de la dictadura como se pensó al comienzo de la indagación.
De acuerdo a los antecedentes del proceso, Alfonso René Chanfreau Oyarce, estudiante de filosofía de la Universidad de Chile y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes de la DINA en su domicilio, ubicado en la comuna de Independencia, y trasladado al recinto de detención y torturas de Londres 38.
En Pucón se encontraron restos humanos que están siendo investigados para conocer si se trata de víctimas de la dictadura. El caso lo lleva el ministro Álvaro Mesa de la Corte de Apelaciones de La Araucanía.
El tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita Guillermo Arcos, el 31 de enero pasado, cambiando la tipificación del delito de homicidio simple a homicidio calificado por el asesinato del dirigente comunista Carlos Sepúlveda, el 14 de septiembre de 1973.
El máximo tribunal determinó la existencia del delito de tortura con resultado de muerte. Sin embargo, los magistrados aseguraron que la participación de los carabineros inculpados no se podía comprobar.
El periodista, quien era tío del actual ministro de Justicia José Antonio Gómez, fue candidato al premio Nacional de Periodismo y estuvo en el exilio.
Para el diputado es importante reconocer las “luces y sombras de cada época”, haciendo referencia a la debilidad del Estado en estos últimos 30 años. De su movimiento, aseguró, que más que diferencias, presentan cercanías con distintos sectores de diversos domicilios políticos.
A partir de este viernes en Radio Universidad de Chile se puede escuchar “Latidos de la Memoria”. Microcápsulas radiales recogen aspectos de la biografía de 30 víctimas de la dictadura.
La muestra proyectó extraordinarias realizaciones, como “Imagen Final”, del argentino Andre Habberger, en torno al asesinato del camarógrafo sueco argentino Leonardo Henrichsen el 29 de julio de 1973 durante el Tacnazo. El propio padre de Habberger, Leonardo, es un detenido desaparecido en su país.
En una nueva acción, la Comisión Funa recorrió el barrio donde vive Ricardo Lawrence Mires, uno de los fundadores de la DINA que aún, denuncian, vive en impunidad.
Entre ellos se encuentran el brigadier de Ejército (R) Marcos Spiros Derpich Miranda y Álvaro Corbalán, por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado de 7 ex militantes del MIR cometidos el 23 y 24 de agosto de 1984, muertos en falsos enfrentamientos.
En 1975 familiares de numerosas personas detenidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que se encontraban en calidad de desaparecidas, interpusieron diversos recursos de amparo, uno de ellos por más de 300 causas. A fines de julio de ese mismo año, en diferentes medios de circulación nacional se informaba que los detenidos había resultado muertos en enfrentamientos en el extranjero, surge así el listado de 119 Detenidos Desaparecidos.
Teleanálisis fue el único medio que cubrió “El Bombazo de la Capilla Fátima”, este capítulo de la larga lista negra de barbaridades de Pinochet y sus sicarios.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió citar al general en retiro Fernando Mathei en el marco de la investigación por el bombardeo del 11 de septiembre de 1973 al palacio presidencial. El tribunal también pidió a la Fuerza Aérea de Chile que entregue el listado de funcionarios del grupo a cargo de la operación y la bitácora de vuelo de los aviones que destruyeron La Moneda.
Integrantes de la Asociación Casa de Tortura Venda Sexy, solicitó al Ministro de Bienes Nacionales, que el Estado compre el inmueble de calle Irán 3037, en Macul, lugar donde se torturó, secuestró y asesinó a detenidos políticos y resistentes durante la dictadura, y que hoy se encuentra bajo propiedad de un privado.
Parientes de víctimas y espacios de memoria exigen que el Estado libere los archivos de la dictadura que se encuentran en manos del Poder Judicial y de distintos departamentos de Gobierno. Algunas de las interrogantes son ¿De quién son los archivos y a quién le sirve el secreto? “Los archivos, y por tanto la memoria, están en disputa” dicen los especialistas.
