Durante el proceso de investigación fallecieron cuatro exmilitares involucrados en el crimen y que no alcanzaron a ser enjuiciados por los tribunales: Francisco Cáceres López, Luis Zúñiga Chihuailaf, Juan Céspedes Hernández y Leonel Konig Altermatt.
El exlíder de la CPC aseguró que, según su visión, “no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió al reciente lanzamiento del libro “Rompiendo el Silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutadas y ejecutados políticos durante la dictadura civil militar: 1973-1990”.
Mientras el gobierno celebra la paz lograda bajo su régimen de excepción, Human Rights Watch —y otras ONGs—alertan que con la aprobación de la ley que permite la reelección presidencial indefinida, El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”.
El organismo determinó que los fundamentos de la denuncia son “serios, plausibles y de mérito suficiente” para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la colectividad y su directiva.
El 7° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del CDE que obliga a la descendencia del dictador a devolver 16 millones de dólares obtenidos de manera ilícita. A juicio de la exconsejera del organismo, pueden haber más bienes sustraídos.
La resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago señala que “se encuentra acreditado” que Augusto Pinochet “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. El fallo de primera instancia aún podría ser apelado.
La DINA montó una operación para encubrir la detención y desaparición de 119 personas, presentando sus muertes como enfrentamientos o ajustes de cuentas entre militantes. La prensa nacional amplificó el montaje.
La hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista desaparecido en dictadura, valoró la decisión de la justicia australiana que facilita la extradición de la exagente de la DINA. Sin embargo, planteó dudas sobre cómo financia estos procesos judiciales.
Ahora el lugar que funcionó como centro de detención tiene asegurada su preservación y también, tiene más chances de ser adquirido por el Estado. La Asociación Memorias en Resistencia expresó sus deseos de que se convierta en un espacio cultural.
Adriana Rivas, alias “La Chani” fue secretaria del director de la DINA Manuel “Mamo” Contreras y es requerida por el Estado de Chile como coautora de los secuestros calificados de militantes del Partido Comunista en contexto de dictadura.
En homenaje a la vida y memoria de la egresada y tecnóloga médica de la Universidad de Chile, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida desaparecida en 1976, la Escuela y el Departamento de Tecnología Médica renombraron su sala de reuniones.
La exagente de la DINA, procesada en Chile por crímenes de lesa humanidad, busca anular una decisión judicial que facilitaría su entrega. Familiares de las víctimas y el Estado chileno confían en que Australia rechace sus argumentos.
La diputada del Frente Amplio criticó las declaraciones en que el candidato presidencial relativizó la dictadura y aseguró que serán tema en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la cual preside. “Esto tiene que tener una respuesta”, dijo.
La recuperación del inmueble ubicado en la comuna de Independencia forma parte de una política de Gobierno que ya contempla la restitución de 26 sitios de memoria desde el año 2022, como Londres 38 y Miraflores 724 en Temuco.
Alberto Fernández Mitchell, exteniente de Carabineros y condenado a presidio perpetuo por su rol en el asesinato de 19 trabajadores tras el golpe de Estado de 1973, fue detenido en Iquique tras más de un año prófugo.
El libro de LOM Ediciones entrega un relato detallado de cómo el recinto médico de la Sociedad Benefactora Educacional Dignidad se transformó en un bastión de los colones para operar con impunidad por más de 40 años.
