Para que se modifique la ley que faculta a la Fuerza Aérea a cobrar por las imágenes satelitales a los diferentes ministerios, la Presidenta Michelle Bachelet debe presentar un proyecto que permita cambiar el dictamen fijado por la dictadura.
Desde el gremio señalaron que esta norma abre la puerta “para la lesión de un derecho humano de la ciudadanía que es a la información”. Mientras que el ministro del Interior Jorge Burgos reconoció que fue él quien firmó esta indicación.
En conversación con Radioanálisis el legislador insistió en que su bancada rechazará el texto de la Reforma Laboral, tal como se está redactando en el Senado, por lo que la iniciativa deberá ser revisada en comisión mixta.
La norma aprobada en la Comisión de Constitución del Senado, fue criticada por organizaciones de DD.HH. Y algunos parlamentarios. El problema es que “cercenaría” libertades personales y “criminalizaría” el movimiento social.
La Presidenta Michelle Bachelet presentó el Consejo Ciudadano de Observadores para el Proceso Constituyente, órgano que vigilará el transcurso del procedimiento para el cambio de la Carta Magna. Si bien, desde el Ejecutivo aseguran que el grupo garantizará diversidad en la discusión, ya se hacen advertencias por la conformación y elección de sus integrantes.
Si bien analistas y legisladores no dudan de la legitmidad “jurídica” del Parlamento, consideran que la nueva Constitución y el mecanismo para alcanzarla es muy importante como para dejarla en manos de una institución cuestionada por la relación entre dinero y política.
Luego del anuncio del inicio del proceso constituyente que impulsa el Gobierno de la Nueva Mayoría, la UDI ha insistido en que participará de la discusión bajo ciertas condiciones. En los últimos días piden que la educación cívica no se convierta en un asunto de adoctrinamiento político. Si bien desde el Gobierno califican esto como “fantasmas que no son reales”, desde la sociedad civil aseguran que la ciudadanía y otros sectores también están en condiciones de pedir parámetros y estándares.
Si bien los diputados miembros de la Comisión de Constitución coinciden en que es necesario que exista fiscalización externa a las colectividades, algunos manifiestan que las indicaciones a la Ley de Partidos lesionan la autonomía de las tiendas políticas.
Preocupación manifestaron parlamentarios de la Nueva Mayoría frente a la posibilidad de que las reformas estructurales que actualmente se están analizando en el Congreso, puedan ver su destino torpedeado desde el Tribunal Constitucional (TC).
La estructura permanece desaparecida en una bodega de la institución y había sido inaugurada el 11 de septiembre recién pasado por autoridades de Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos, de acuerdo a una denuncia hecha por el diputado (PS) Leonardo Soto.
Analistas y parlamentarios critican la postergación del inicio del proceso constituyente, el cual debía comenzar en septiembre, y sostienen que con este tipo de decisiones el Gobierno sólo profundiza la crisis de confianza y credibilidad.
Parlamentarios oficialistas plantearon que el Gobierno debe mejorar su gestión en temas de corto plazo, como es la seguridad ciudadana, y en parte la salud, pero sin perder el foco de los cambios estructurales “porque por eso nos van a evaluar”, señala el diputado (PS) Leonardo Soto.
