Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo -tres de los cinco periodistas que fueron objeto de seguimientos por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército- conversaron con nuestro medio sobre la situación del periodismo en democracia y manifestaron su preocupación por las amenazas a la libertad de prensa.
La querella fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y remitida a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que la instancia se engloba en un trabajo que, desde hace un tiempo, se viene realizando para garantizar la tranquilidad en la zona.
Los hechos investigados ocurrieron a principios de la década del 2000 en la Escuela de Inteligencia de Nos.
Durante la ceremonia, le Mandatario también se refirió a la labor desempeñada por el Ejército durante la pandemia. “Ha sabido cumplir con su deber”, dijo.
Todos sabemos que hay una controversia por el predio fiscal localizado en la Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 9282, La Reina, que ocupa en los hechos el Ejército y que ese conflicto generó una sesión el día 10 de agosto pasado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, sin resultado práctico […]
El ministro de Defensa, Mario Desbordes, habría afirmado que la única manera de devolver los terrenos sería “de manera onerosa” y no gratis; ante esto, el diputado Tomás Hirsch y concejales de la comuna interpusieron una acción judicial buscando detener la venta con que el Ejército busca hacerse con más de $25 mil millones.
Este lunes el ministro de Defensa deberá dar a conocer las razones que motivaron la apertura de una licitación por parte del Ejército para vender el terreno contiguo al Hospital Militar. En tanto, vecinos y vecinas de la comuna se reunirán horas antes para protestar en contra de la operación con que el Ejército busca hacerse más de 25 mil millones de pesos.
La Municipalidad de La Reina ha intentado adquirir el predio adyacente al Hospital Militar para construir un Cesfam, entre otras propuestas, pero el Ejército se ha negado. Esta semana la institución castrense abrió una licitación pública para vender el predio al mejor postor, pidiendo como oferta mínima un precio que casi dobla el avalúo fiscal de $14 mil millones determinado por el SII.
Entre personal del Ejército, Carabineros e Investigaciones serán más de catorce mil los nuevos funcionarios fiscalizando.
El Máximo Tribunal mantuvo la decisión del Corte de Santiago sobre el retiro de las imágenes conmemorativas de Manuel Contreras en dependencias de las Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y de la Academia de Guerra.
De esta manera, la ministra Rutherford seguiría por dos años más a cargo de las investigaciones por corrupción en el Ejército.
La instancia fiscalizará los actos del Gobierno en relación a los presuntos casos de violaciones de derechos humanos y abusos sexuales llevadas a cabo por agentes del Estado.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio un plazo de tres días para que el Ejército retire todos los homenajes, placas e imágenes alusivas al ex director de la DINA. Si bien Rendón -quien presentó el recurso de protección- se mostró conforme con la orden de la Justicia, lamentó el hecho de que tengan que ser las organizaciones civiles quienes deban dar la lucha en contra del negacionismo.
En conjunto a diversas organizaciones migrantes del país, la Comisión solicitó también que los culpables de los hechos paguen por sus delitos, que se entregue reparación a la víctimas y que se hagan test de paternidad.
La investigación estableció que durante los años 2011 y 2012, los funcionarios gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de 43 facturas falsas de la empresa proveedora TECNODATA S.A. con fondos fiscales.
La vicepresidenta de la DC e hija del ex presidente asesinado por la dictadura cívico-militar, Carmen Frei, definió como “un paso importante” el informe de la Fiscalía Judicial que recomienda recalificar la muerte de Eduardo Frei Montalva de homicidio simple a calificado, declarar a todos los condenados como autores y aumentar las penas a 20 años.
