La investigación del Ministerio Público está centrada en el periodo en que el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba se desempeñó como jefe de la institución castrense, entre 2010 y 2014. El millonario monto no se condice con sus ingresos como oficial militar.
La Conadi junto a la comunidad llevaban dos años desarrollando un estudio para declarar ese territorio como parte de la propiedad de la Mancocomunidad de Socoroma. Los habitantes aymara exigen se derogue el Decreto 215 que entrega los terrenos a los militares.
El abogado relató el actuar del militar en retiro durante su paso por el Regimiento Cazadores en Valdivia. En el lugar habría participado en torturas directas contra opositores al régimen, entre ellos, en las que aplicaron a sus nueve defendidos.
El abogado Roberto Garretón mencionó que el país ha asumido una política de la “No Repetición”, consagrada en instrumentos internacionales, pero todavía están pendientes varias medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Frente a las palabras del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien manifestó que la institución uniformada se encuentra preparada para actuar en La Araucanía, el periodista calificó los dichos como inoportunos y enfatizó que esto “da cuenta que hay una mirada de las Fuerzas Armadas hacia los mapuches con una imagen de enemigo interno”.
El ex comandante en jefe del Ejército defendió la labor de la Concertación chilena, además aseguró que era innecesario levantar el secreto de la comisión Valech. En contraposición a su opinión, las víctimas piden que todos los chilenos puedan acceder a los relatos.
Más de 12 millones de dólares sería el monto por el cuál, la Fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong, habría abierto una nueva investigación en el marco de uso irregular de la Ley Reservada del Cobre.
Más de ocho horas duraron las diligencias en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, instancia en la que el querellante de la causa, Nicolás Barrantes, enfrentó directamente al ex comandante en jefe del Ejército, a quien acusa de torturas ejecutadas en el marco de la Caravana de la Muerte.
“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” (…) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población”, se lee en la sentencia.
La jueza Marcia Figueroa denegó el traslado del caso a la justicia militar, por lo que el excomandante en jefe del Ejército deberá explicar en la justicia civil el origen de los 1800 millones de pesos con los que contaba al término de su mandato.
Según señaló el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan, fueron varios vehículos blindados del Ejército los que entraron de manera violenta a diferentes comunidades mapuche en la comuna de Ercilla.
En los más de 40 años de servicio del general Fuente-Alba, el uniformado se desempeñó en el cumplimiento de múltiples misiones institucionales del Ejército. Sin embargo, una de estas funciones ha pasado inadvertida: en 2007 dio término judicial a un millonario fraude fiscal conocido como “Membrillo-Gate”, atenuando el delito y protegiendo el destino de los militares involucrados.
