Estas decisiones son parte de un trabajo iniciado en abril pasado por las autoridades militares y asesores externos, con el que se buscaba iniciar un plan de prevención de delitos.
Como cada 19 de septiembre, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas realizan su tradicional desfile para celebrar las “Glorias del Ejército”. Una fecha que en esta ocasión estará empañada por la compleja situación que enfrenta la institución, en donde, de manera inédita, sus dos últimos comandantes en jefe han sido procesados y privados de libertad.
El ex comandante en jefe del Ejército habló por primera vez de las acusaciones de malversación de gastos reservados del Ejército, afirmó ser inocente y aseguró que “se han tejido demasiados mitos”.
A través de una solicitud que debe resolver la Corte Marcial el militar en retiro pidió que se declare la nulidad de la investigación que se lleva en su contra, basándose en que la causa estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.
Tal como en dictadura, la rama castrense continúa ostentando privilegios que hoy día siguen efectivos. Las denominadas Operación W y Topógrafo, así lo confirman. Ambas acciones de inteligencia creadas para contrarrestar las denuncias que se han hecho por los casos de corrupción y desfalco que afectan a la institución.
El organismo jurisdiccional escuchó los alegatos de los defensores de los tres procesados por la malversación de caudales públicos en el Ejército. La resolución del TC se dará a conocer durante la tarde de este viernes o, en su defecto, este sábado.
Luego de que se dictara la paralización de todas las aristas del caso contra el general (r) Oviedo, este martes, la ministra Romy Rutherford envió un oficio al Tribunal Constitucional pidiendo que aclare si la suspensión tiene que ver sólo con aquella causa o si dice relación a toda la indagatoria que lleva adelante contra la institución castrense.
En el contexto de los alegatos por los recursos de amparo que la defensa del uniformado presentó ante la Corte Suprema, su abogado Gonzalo Rodríguez señaló que la detención instruida por la ministra Rutherford fue arbitraria.
El séptimo Juzgado de Garantía determinó entregar un plazo de 180 días para la investigación por el delito de lavado de activos cuyo ilícito base sería el enriquecimiento ilícito de Juan Miguel Fuente-Alba, quien fuera Comandante en Jefe del Ejército desde 2010 a 2014.
En respuesta a la investigación de la ministra Roy Rutherford respecto de pasajes comprados con dinero del Ejército, el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, aseguró que no tiene ningún reparo de dicha investigación y que no hay problemas con los viajes que realizó.
En el escrito, el ex Comandante de Pelotón sancionado por el caso de agresión sexual a un soldado conscripto ocurrido en Calama, denuncia una serie de irregularidades en la Investigación Sumaria Administrativa que encabezó el actual Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Rafael Fuenzalida, y que motivaron su retiro voluntario.
Con la aprobación y promulgación de la ley en enero, se hace aplicable y explícito el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública, reconociendo así el derecho contemplado en el artículo 201 del Código del Trabajo.
El Ministro de Defensa, Alberto Espina, valoró que la institución admita que hubo malas prácticas. Sin embargo, aseguró que es “imposible” obligar a uniformados en retiro a devolver dineros al Ejército.
Luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer la situación en que se encuentran los cuatro oficiales que resultaron responsables en el caso de agresión sexual ocurrido en Calama en junio pasado, tanto el presidente de la Cámara como parlamentarios miembros de la comisión que investiga los fraudes en el Ejército reaccionaron preocupados por la rebeldía de la institución castrense.
Todos fueron reubicados en distintas unidades del Regimiento de Antofagasta pese a que a fines de junio de 2018, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, anunciara sus bajas por su responsabilidad en la falta de control y encubrimiento de la agresión sexual en contra de un soldado en Calama.
La idea surgió en el marco de la indagatoria que lleva la ministra Romy Rutherford por fraude en el Ejército, la que debería abandonar en marzo del próximo año por cumplir su tiempo en el cargo dentro de la Corte Marcial, hecho que para los parlamentarios dificultará que logre concluir sus investigaciones, situación que podría repetirse a futuro en otros casos.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba de levantar el secreto de la investigación por lavado de activos llevada adelante por la fiscalía centro norte.
