Expertos en la materia apuntaron que los dichos de la jefa comunal “no ayudan” a la consolidación de un Estado democrático de derecho y manifestaron su preocupación por la justificación que tendría para algunas autoridades este tipo de atropellos.
El alcalde de La Florida emplazó al mandatario luego que la entidad humanitaria cuestionara la permanencia del general director de la policía uniformada al frente de la institución.
La persecutora de Alta Complejidad llegará hasta la oficina de Yáñez, ubicada en el centro de Santiago, quien tendrá que dar su testimonio por una de las causas que investiga el delitos de presunta omisión de apremios ilegítimos.
La instancia de nuestra casa de estudios recordó que este tipo de afirmaciones como las proferidas contra la senadora Fabiola Campillai, provocan un proceso de revictimización y a la vez se trata de un negacionismo de las violaciones a los DDHH.
La artista chilena Voluspa Jarpa llega con una exposición sobre el estallido social que reúne distintas voces y disciplinas que analizan la protesta social, los datos y hechos que la constituyen y sus efectos simbólicos, psíquicos y sociales.
Tras posponer la cita cinco veces, el mandamás de Carabineros tendrá que dar su testimonio ante la persecutora de Alta Complejidad por un caso de presunta omisión de apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019.
La parlamentaria afirmó que la legisladora “no es totalmente ciega”. Sus expresiones encontraron el rechazo transversal incluyendo al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Tenemos la “obligación moral de respaldar a la senadora”, apuntó.
Los nuevos hechos e información aportada son el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022, emanado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y los antecedentes del caso de la víctima, Moisés Órdenes Corvalán.
La solicitud del general, para que sus carabineros no sean cuestionados por el Ministerio Público, ha generado molestia. Esto porque Yáñez aún no declara en una investigación en contra de los altos mandos de la institución.
Los magistrados fueron acusados por el delito de prevaricación, luego de revocar la libertad de 13 integrantes de la llamada “primera línea”.
La entidad se refirió a la decisión de reabrir las indagatorias a siete de los 13 carabineros imputados por los delitos de tortura, obstrucción en la investigación y falsedad de documento público.
La fiscal Ximena Chong no persistirá en la indagatoria donde se buscaba determinar si hubo atraso doloso en el Tribunal Constitucional respecto de la tramitación de causas de violaciones a los DD.HH.
