El Ministerio Público se encuentra indagando en la información publicada por Ley de Transparencia en la web del Senado, con el fin de clasificar quiénes son los parlamentarios que más han incurrido en este tipo de gastos, y quiénes son los proveedores que se han visto más beneficiados.
La falta de pericias a los correos que mantuvo el ex Mandatario con su esposa Cecilia Morel y con sus hijos, la ausencia de interrogatorios a los familiares y una posible operación política para salvar al candidato presidencial, son las interrogantes que deja el cierre del caso Bancard-Exalmar.
La idea de sus abogados es dejar sin efecto el castigo dictado por el Fiscal Nacional. Desde la Asociación de Fiscales miran con atención el desenlace, principalmente, porque el caso podría marcar precedente en la independencia de los persecutores regionales.
Los abogados que defienden los grandes intereses económicos y políticos se han dado cuenta del flanco débil del jefe del Ministerio Público: es muy receptivo a la hora de investigar y sumariar a sus propios fiscales que llevan las grandes causas. “Uno desearía que un fiscal recibiera más respaldo de parte de quien es su autoridad jerárquica”, afirma un ex prosecutor.
Las hipótesis del “automontaje” y el boicot a las elecciones internas revelarían un nuevo modo de competencia electoral gremial que mostraría al menos dos peligrosos síntomas: de un lado la evidente pérdida de la confianza societaria, un mal que, por lo demás, se ha colado por todos los intersticios de nuestra sociedad, y la evidencia de una división interna de intereses que divergen de modo tal, que se recurre a este tipo de herramientas.
Luego de que se decidiera suspender la audiencia de sobreseimiento solicitada por la defensa del hijo de la Mandataria, la fiscal a cargo del caso, Marcia Allende indicó que el Ministerio Público se opondrá al sobreseimiento de Dávalos quien ya había sido exculpado por las acusaciones de delito informático.
Su abogada, Karina Riquelme, afirmó que no se realizaron peritajes fundamentales para esclarecer los hechos. Por lo mismo, indicó que apelarán a esta decisión.
Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
La Contraloría General de la República dio a conocer un documento en el que cuestionó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas por casos de financiamiento irregular en campañas políticas. Esto, en medio de las declaraciones del ex director del organismo Michel Jorratt quien acusó presiones por parte del ex titular de Interior, Rodrigo Peñailillo.
La compañía, que controla el 40 por ciento del mercado nacional, teme multimillonarias multas y que las indagaciones del fiscal Emiliano Arias escalen hasta su directorio. Por ello ha desplegado una estrategia para torpedear las investigaciones. Ya tuvieron un éxito: que el fiscal nacional Jorge Abbott accediera a abrir un sumario en contra de su propio fiscal.
Persecutora Pamela Salgado interrogó este martes al exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico, en calidad de imputado.
La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre negociaciones incompatibles de cinco jefes de finanzas de servicios públicos. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott designó al persecutor Raúl Guzmán a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el ente fiscalizador anunciaron que estos antecedentes son “solo un anticipo” y que podrían aparecer muchos más casos.
