Más de 700 indicaciones a revisar en la Comisión de Educación del Senado es lo que le depara a la Ley de Educación Superior apurada durante enero. Además, se ha visto a parlamentarios oficialistas comprometerse por un arduo trabajo en lo que queda de mes. “Nunca se lograron los consensos mínimos cuando se ingresó”, advierte el analista político y experto en la materia.
La medida, que le aporta recursos a los colegios particulares subvencionados que están pasando a la gratuidad total, recibió quejas provenientes incluso del propio oficialismo.
Dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, Radio Universidad de Chile conversó con el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, detenido durante la Operación Huracán. Sobre el caso que hoy lo tiene recluido, acusa que es un montaje de Mahmud Aleuy, pero está confiado de que este no perdurará.
A las críticas provenientes del mundo civil y de organizaciones como el Consejo para la Transparencia y la ONU, se sumaron voces desde la UDI hasta el Frente Amplio y que buscan revocar la idea del Ejecutivo de ampliar el tiempo y cantidad de datos que conservan las compañías de telecomunicaciones, con el fin de que las policías accedan a dicha información.
Desde La Moneda plantean las iniciativas en Educación como las primordiales. En esto coinciden desde el comando de Alejandro Guillier, pero también resaltan la importancia de sacar adelante el proyecto de matrimonio igualitario, lo que significaría otro punto a favor para el sector tras la aprobación del aborto en tres causales.
En medio de una marcha desarrollada este domingo, las organizaciones de migrantes dijeron desconocer el contenido del texto que firmará el Ejecutivo e insistieron en que cualquier iniciativa debe ir acompañada de un procedimiento extraordinario de regularización para extranjeros.
Antes, este domingo, las organizaciones pro derechos de los migrantes convocaron a una marcha para las 11.00 horas. El recorrido que irá desde Plaza de Armas hasta Plaza Los Héroes, se exigirá suma urgencia a la aprobación de la ley, además de un procedimiento extraordinario de regularización para extranjeros.
Entre el pasado viernes y este lunes se espera que trabajadores de la mayoría de las 102 compañías clasificadas, apelen a la resolución firmada por ministros que los deja sin dicha facultad en los próximos dos años.
El Ejecutivo entregó detalles sobre las medidas contenidas en la Ley, que debería ser ingresada al Congreso a más tardar durante este mes. Mientras, desde el mundo indígena le restaron validez al encuentro, parlamentarios por la zona hablaron de la debilidad del proyecto.
El Gobierno informó sobre cambios en las autoridades regionales: por cuarta vez se nombró un nuevo intendente en la región de La Araucanía, destituyendo a Miguel Hernández y donde asume Nora Barrientos. Parlamentarios y funcionarios fiscales calificaron el cambio de “sorpresivo” y afirmaron que se evidencia la falta de una política a largo plazo en la región.
La Moneda ingresó su emblemático proyecto (aborto en tres causales) a fines de enero de 2015. De aquello ya han transcurrido más de dos años. Sin embargo, cuando el gobierno parecía por fin lograr su aprobación, una serie de errores, descordinaciones y maniobras políticas amenazan con derrumbarlo.
Por lo general las personas poderosas, influyentes o bien conectadas en Chile casi siempre se ven favorecidas. Basta con recordar varias “noticias” de la semana recién pasada.
Sobre el futuro de la candidatura de Alejandro Guillier también opinó: “(El PC) le va a hacer un flaco favor. Mi impresión es que no van a permitir que pueda crecer hacia otras opciones de un voto de centro, más moderado. Entonces también van a terminar siendo los sepultureros de Alejandro Guillier en el corto y mediano plazo”.
El Gobierno ha insistido en el respaldo al general director de Carabineros en medio de la crisis más grande que vive la institución en su historia. Pese a que algunos piden la renuncia, el interés del Ejecutivo estaría enfocado en la reestructuración, debido a que evalúan que daños políticos no existen.
En seis ciudades del país ex prisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar ocuparon los edificios del Instituto de Derechos Humanos para reclamar soluciones a sus demandas. Entre ellas está el fin del secreto de 50 años de los nombres de los torturadores establecido por la Comisión Valech, además de dar pensiones dignas. 15 mil personas han muerto esperando respuestas.
Los congresistas del oficialismo destacan los avances conseguidos en las últimas semanas, pero no están satisfechos con otras materias que se encuentran estancadas actualmente en el Congreso por falta de urgencia.
En un almuerzo, el ministro Mario Fernández intentó asegurar los votos del sector para la iniciativa, sin embargo, se vivió una tensa situación que pone en duda el respaldo de la falange.
