“Son cifras provisionales, son solo los hospitales que logramos visitar. No alcanzamos a visitar todos los recintos médicos de Santiago”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile.
La normativa aprobada por la Cámara de Diputados ha causado polémica, pues políticos y expertos la han criticado por violar los derechos humanos de niños y adolescentes. Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, la medida va contra los tratados firmados por Chile.
El Instituto también solicitó a Minsal conocer si en el caso de Joaquín Bustos, joven kinesiólogo de 27 años no pudo donar sus órganos por falta de organización del traslado, se cumplieron con los protocolos existentes.
Esta posición había sido defendida en días anteriores por las organizaciones migrantes, la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y el Movimiento de Abogados Todas y Todos.
En conversación con Diario y Radio U. de Chile, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra casa de estudios profundizó en los temas que coparán la agenda durante su período como director nacional. En resumen, son cuatro: los migrantes, el conflicto intercultural, las mujeres y el Sename.
La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Emilia Nuyado, se mostró escéptica con lo que pudiera ser Sergio Micco al mando del INDH, pues para le legisladora, su posición política de centro permitiría mayor condescendencia y cercanía con el gobierno de Sebastián Piñera.
El académico de la Universidad de Chile fue elegido por el Senado por 25 votos a favor.
Acción judicial apunta a ex generales Christian Franzani y Mauro Victoriano, por encubridores del crimen contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Hasta ahora las querellas suman a ocho ex carabineros.
Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
A través de una carta dirigida a la directora de la entidad, Consuelo Contreras, los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciaron los hechos irregulares cometidos, principalmente, por dos jefes de unidad. En la misiva, los suscritos a la AFFINDH exigen tomar las medidas que correspondan y detener las violaciones laborales.
Además de acudir a una cita con la directora nacional del Instituto, la delegación, que viajó desde Alto Bío Bío, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y con el presidente del Senado para hablar sobre su situación.
Juanita Rojas, periodista y conductora del programa “Libres e Iguales” de Radio Universidad de Chile, junto a la consejera y una de las fundadoras de Evópoli, Verónica Garrido, y el investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Cifuentes, analizaron en “Radioanálisis” la Reforma Tributaria y el informe del INDH que revela el deplorable estado de las cárceles en Chile.
El documento recoge los antecedentes de los observadores del Instituto, quienes recorrieron 44 de los centros penitenciarios alrededor del país con el objetivo de indagar empíricamente la situación y el grado de cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Desplazamientos de comunidades indígenas por la priorización de proyectos hidroeléctricos; amedrentamientos ante sus demandas; y abandono del Estado para el acceso a servicios básicos como salud, trasporte y educación, fueron solo algunas de las constataciones realizadas por el organismo en una visita a terreno.
Desde el organismo advirtieron que el Gobierno no ha cumplido el compromiso suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que oficiará al organismo internacional. Asimismo, desde el INDH aseguraron que el nuevo decreto publicado recientemente en el Diario Oficial, contiene diez protocolos secretos para el uso de la fuerza que no existían anteriormente.
En su intervención ante la Comisión Investigadora de este caso, Consuelo Contreras dijo que bajo los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser más que solo un homicidio cometido por Carabineros, y que la muerte del comunero es una de las situaciones más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Luego de los episodios de contaminación que intoxicaron a miles de personas en la bahía de Quintero, la comunidad y organizaciones sociales presentaron recursos de protección por la vulneración que fueron desestimados, argumentando que no se ha determinado la responsabilidad de las empresas. “Siempre priman los intereses económicos”, dicen los dirigentes locales.
