A más de tres años de que Rodrigo Avilés recibiera el impacto del carro lanza aguas en Valparaíso, comenzó, el pasado jueves, el proceso penal en el que deberán declarar el ex general Ricardo Cartagena y los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González y Bruno Villalobos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó su conformidad con la decisión administrativa del alto mando de Carabineros de desvincular a los funcionarios involucrados en estos hechos y de poner los antecedentes del caso a disposición de la Fiscalía, ante los eventuales delitos de apremios ilegítimos y uso excesivo de fuerza.
Tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de Carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente M.A.P.C., el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado.
Consuelo Contreras, si bien valoró los esfuerzos de la institución uniformada en pos de derechos humanos, criticó el hecho de que sean los propios funcionarios policiales que instruyan a sus pares en la materia. Además, aseguró que los protocolos policiales deben ser revisados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó los resultados de su IV Encuesta Nacional sobre la materia, donde además se señala que Carabineros y AFPs, en conjunto al Estado y el Gobierno, son las que más vulneran derechos en nuestro país.
La directora del INDH manifestó preocupación por la violencia de carácter sexual ejercida sobre la joven y anunció que el instituto revisa los antecedentes a través de su oficina regional Metropolitana.
El organismo actuó como observador en las diligencias investigativas posteriores a los hechos. En la querella se señala que el joven comunero mapuche habría muerto producto de un impacto de bala en la nuca perteneciente a la munición denominada con “encamisado de plomo” utilizada por carabineros.
Así lo habría afirmado el menor de edad que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue alcanzado por una bala que terminó con su vida.
“Creemos que en este caso es imperativo que el Estado funcione rápido y eficiente, para esclarecer los hechos y establecer verdad y justicia”, dijo Consuelo Contreras, directora del INDH.
Un nuevo episodio de contaminación por parte de la empresa Aes Gener deja 50 metros de playa con carbón, mientras la comunidad de Quintero y el INDH exigen que plan de descontaminación se haga tomando como referencia de base un día de aire descontaminado y que la norma se base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El hecho se remonta a abril de 2016, en el contexto de movilizaciones desarrolladas por trabajadores que construían la Ruta CH-203.
En una visita a la zona para evaluar las condiciones de la salud pública, Izkia Siches, presidenta del gremio, señaló que las autoridades deben mejorar la normativa medioambiental del país y cerrar las industrias hasta que se aseguren medidas de mitigación que terminen con la contaminación.
En el marco del lanzamiento del mapa de conflictos socio-ambientales 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la situación de contaminación permanente de Puchuncaví y anunció que presentará un recurso de protección por los habitantes de la zona. Asimismo, la directora, Consuelo Contreras, pidió que se le entreguen mayores facultades fiscalizadoras que, permitan más que recomendar, incidir en el actuar de las reparticiones del Estado en materias de derechos humanos.
Mientras desde el INDH y el Museo de la Memoria celebraron la designación de la ex presidenta como Alta Comisionada de Naciones Unidas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) la calificó como impresentable. “No tiene ni un grado de autocrítica de lo que no hizo en su período”, dicen.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos insistió en la importancia de hacer valer los requisitos que pide el derecho internacional en este tipo de casos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos se suma a la que presentará la Coordinadora Feminista en Lucha ante el Ministerio Público, y a la querella anunciada por el Gobierno contra quienes resulten responsables.
Su apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, y su persistencia en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermano, Orlando Letelier, le valieron el reconocimiento.
