El documento recoge los antecedentes de los observadores del Instituto, quienes recorrieron 44 de los centros penitenciarios alrededor del país con el objetivo de indagar empíricamente la situación y el grado de cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Desplazamientos de comunidades indígenas por la priorización de proyectos hidroeléctricos; amedrentamientos ante sus demandas; y abandono del Estado para el acceso a servicios básicos como salud, trasporte y educación, fueron solo algunas de las constataciones realizadas por el organismo en una visita a terreno.
Desde el organismo advirtieron que el Gobierno no ha cumplido el compromiso suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que oficiará al organismo internacional. Asimismo, desde el INDH aseguraron que el nuevo decreto publicado recientemente en el Diario Oficial, contiene diez protocolos secretos para el uso de la fuerza que no existían anteriormente.
En su intervención ante la Comisión Investigadora de este caso, Consuelo Contreras dijo que bajo los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser más que solo un homicidio cometido por Carabineros, y que la muerte del comunero es una de las situaciones más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Luego de los episodios de contaminación que intoxicaron a miles de personas en la bahía de Quintero, la comunidad y organizaciones sociales presentaron recursos de protección por la vulneración que fueron desestimados, argumentando que no se ha determinado la responsabilidad de las empresas. “Siempre priman los intereses económicos”, dicen los dirigentes locales.
A más de tres años de que Rodrigo Avilés recibiera el impacto del carro lanza aguas en Valparaíso, comenzó, el pasado jueves, el proceso penal en el que deberán declarar el ex general Ricardo Cartagena y los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González y Bruno Villalobos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó su conformidad con la decisión administrativa del alto mando de Carabineros de desvincular a los funcionarios involucrados en estos hechos y de poner los antecedentes del caso a disposición de la Fiscalía, ante los eventuales delitos de apremios ilegítimos y uso excesivo de fuerza.
Tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de Carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente M.A.P.C., el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado.
Consuelo Contreras, si bien valoró los esfuerzos de la institución uniformada en pos de derechos humanos, criticó el hecho de que sean los propios funcionarios policiales que instruyan a sus pares en la materia. Además, aseguró que los protocolos policiales deben ser revisados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó los resultados de su IV Encuesta Nacional sobre la materia, donde además se señala que Carabineros y AFPs, en conjunto al Estado y el Gobierno, son las que más vulneran derechos en nuestro país.
La directora del INDH manifestó preocupación por la violencia de carácter sexual ejercida sobre la joven y anunció que el instituto revisa los antecedentes a través de su oficina regional Metropolitana.
El organismo actuó como observador en las diligencias investigativas posteriores a los hechos. En la querella se señala que el joven comunero mapuche habría muerto producto de un impacto de bala en la nuca perteneciente a la munición denominada con “encamisado de plomo” utilizada por carabineros.
Así lo habría afirmado el menor de edad que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue alcanzado por una bala que terminó con su vida.
“Creemos que en este caso es imperativo que el Estado funcione rápido y eficiente, para esclarecer los hechos y establecer verdad y justicia”, dijo Consuelo Contreras, directora del INDH.
Un nuevo episodio de contaminación por parte de la empresa Aes Gener deja 50 metros de playa con carbón, mientras la comunidad de Quintero y el INDH exigen que plan de descontaminación se haga tomando como referencia de base un día de aire descontaminado y que la norma se base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El hecho se remonta a abril de 2016, en el contexto de movilizaciones desarrolladas por trabajadores que construían la Ruta CH-203.
En una visita a la zona para evaluar las condiciones de la salud pública, Izkia Siches, presidenta del gremio, señaló que las autoridades deben mejorar la normativa medioambiental del país y cerrar las industrias hasta que se aseguren medidas de mitigación que terminen con la contaminación.
