Según el abogado se ha buscado disminuir la cifra de personas que cumplen prisión preventiva en orden a quitar relevancia al tema del indulto en la discusión pública. “Los hechos son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva”, afirmó.
El condenado en el caso del homicidio de Eugenio Berríos tenía 81 años y llevaba un año internado en el Hospital Militar cumpliendo una pena de 10 años y un día. También había sido condenado en calidad de cómplice por la muerte de Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en 1982.
El senador independiente e integrante de la Comisión de Constitución abordó los nudos críticos que tendrá la tramitación en la instancia y aseguró que “no cree” en un indulto de carácter general.
Tres votos a favor y dos en contra le dieron la aprobación al proyecto que busca otorgar un indulto por razones humanitarias a condenados e imputados por delitos cometidos en el marco del estallido social.
En una carta entregada en el Palacio de La Moneda, las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos pidieron al Presidente Piñera permitir el avance del proyecto de ley que se revisará y votará este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
En entrevista con nuestro medio, el abogado y ex Fiscal Nacional del Ministerio Público descartó la existencia de presos políticos producto del estallido y criticó la “inconsecuencia” de un gobierno que no ha sabido reconocer explícitamente los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile.
En su presentación en la Comisión de DDHH del Senado, que comenzó este martes a revisar el proyecto, el ministro de Justicia sostuvo que, según cifras de Gendarmería, la iniciativa beneficiaría a 227 personas que han sido detenidas y formalizadas, de las cuales 162 se encuentran en prisión preventiva y sólo 55 cuentan con condenas de primera instancia.
En una declaración a la prensa, el mandatario se refirió al proyecto de un grupo de parlamentarios de oposición: “Todas las personas que hoy están privadas de libertad por los graves delitos que el proyecto que un grupo de senadores intenta indultar, están privados de libertad no por decisión del Gobierno ni de la fiscalía” enfatizó.
“No es posible que en pleno siglo XXI tengamos un Gobierno que se permita tener presos políticos”, indicó, este miércoles, la diputada Camila Vallejo ante el proyecto, presentado en el Senado, mismo que propone indultar a los presos de la revuelta.
En una reunión, realizada de manera online , participaron cerca de 75 personas y representantes de organizaciones de chilenos en el exterior, la mayoría radicados en países de distintas partes del mundo.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
Según confirmaron a nuestro medio fuentes del Ejecutivo, ambos indultos ya fueron cursados y beneficiarían a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes fueron recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.
A través de una misiva dirigida al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, la Comisión Chilena de DD.HH. y la AFDD acusaron “intentos del gobierno chileno de dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
En el contexto del debate sobre el indulto conmutativo a reos de Punta Peuco, el senador del PRO sostuvo que “el apoyo del director de Human Right Watch a Piñera es el ticket de salida para los amigos de Krassnoff”.
“Él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?”, afirmó el director del organismo, Sergio Micco.
El director del INDH manifestó su preocupación por la eventual propagación del COVID-19 en los 83 centros penitenciarios a lo largo del país, donde residen aproximadamente 50 mil internos.
El llamado “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias” fue concedido al ex presidente de Perú en diciembre de 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori fue indultado de la condena que cumplía por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
