El Tribunal de Alzada acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes. La decisión se da luego que la Justicia decidiera tramitar estos recursos fuera del horario hábil.
“Hemos pedido que el ministro del Interior y el director nacional de Extranjería nos expliquen en la comisión de Gobierno los fundamentos de este proceso”, señaló la diputada Joanna Pérez.
Según lo denunciado por el Servicio Jesuita Migrante, se trata de 25 personas. “Esto contradice derecho internacional”, puntualizaron desde la organización.
Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes han denunciado que en diversos lugares del país se exigen documentos para acreditar regularidad, desconociendo lineamientos del Minsal que instruyen no condicionar el proceso al estatus migratorio.
Las cátedras de Racismos y Migraciones Contemporáneas; Derechos Humanos; y Amanda Labarca, insistieron en la ilegalidad de las expulsiones propiciadas por el Gobierno en el norte del país. “Denunciamos el odio y el racismo que se practica y se difunde desde falsedades”, señalan.
El sacerdote jesuita se refirió a las declaraciones en contra de los migrantes que pronunció el presidente de la CPC, Juan Sutil y a la grave situación que enfrentan los presos de la revuelta del 18 de octubre de 2019.
“No hay personas ilegales, hay trámites administrativos ilegales”, expresó al respecto el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. En tanto, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reiteró la advertencia del Gobierno a las personas que pretenden llegar a Chile por pasos no habilitados. “El llamado es a que lo hagan regularmente”, señaló.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales abordó las medidas que se están tomando a nivel internacional para garantizar la protección de derechos de personas migrantes en Chile.
El presidente Joe Biden pidió a los migrantes no ir a Estados Unidos, mientras crecen las críticas por el fuerte aumento de la llegada de personas desde la frontera sur, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Aunque desde el Ejecutivo se aclaró este jueves que sí se vacunará a los migrantes irregulares que se autodenuncien, las palabras del canciller Allamand dejaron la polémica abierta. “Esto habla de un serio problema entre la dimensión técnica y la dimensión política”, advierte el analista Marco Moreno.
