René Muñoz criticó la actitud de las fuerzas armadas y de las policías las que no actuaron a pesar de tener información sobre el ataque a una faena forestal en la comuna de Curanilahue.
El comunero y padre de Camilo Catrillanca, lamentó que el Gobierno siga “coludido con las empresas forestales y los particulares” porque estos “aplauden la presencia de las fuerzas militares”.
El subsecretario del Interior aseguró que se evaluarán otras alternativas en caso que no prospere la aprobación de un “estado intermedio” para la utilización de militares en labores de seguridad.
Para el abogado Nelson Caucoto, uno de los querellantes en este caso “la verdad siempre termina por imponerse. La Corte dictó un fallo ejemplar, comprobándose que las falsedades de ayer han quedado al descubierto con este fallo”.
El parlamentario ingresó la solicitud a la Contraloría General de la República para que indague la compra de rodamientos a una empresa con asiento en Panamá, las que según la fiscalización de la Aduana eran adulterados. El legislador comunista indicó que se debe determinar si es un caso específico o una forma de operar por parte de los encargados de las adquisiciones del Ejército.
La futura ministra del Interior salió al paso de las críticas del Presidente Sebastián Piñera quien la llamó a “informarse mejor” respecto de los alcances del estado de excepción en la Macrozona sur. Siches indicó que hay hechos que obligan a trabajar en conjunto para superar la violencia que se registra en esa zona.
El mandatario indicó que el despliegue de las Fuerzas Armadas permitió reducir en al menos un 30 por ciento los hechos violentos en la Macrozona Sur. Respecto a la situación del Covid 19, el jefe de Estado anunció un acuerdo con el laboratorio Moderna para la compra de 2 millones de dosis de vacunas.
“Necesitamos darle seguridad a la gente para que trabaje, para que vaya incluso de turista y poder tener tranquilidad en cada uno de los lugares”, aseguraron los parlamentarios.
El parlamentario socialista dijo que claramente las medidas del Gobierno en la macrozona sur han fracasado y “se requiere de un parlamento con todos los grupos dispuestos al diálogo, sin exclusiones”.
La dirigente birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar en Myanmar (Birmania) el 1° de febrero pasado, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión. ¿Los cargos?: incitar a la revuelta contra los militares y violar las normas estipuladas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y eso no es todo, pues le aguardan nueve cargos más, algo que a sus 76 años podrían privarla de libertad por el resto de sus días. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a la inmediata liberación de la dirigente denunciando que el juicio en su contra fue “amañado”. Amnistía Internacional, por su parte, acusa a los golpistas de querer “asfixiar” las libertades civiles.
“Quizás hay intereses económicos que no conocemos, quizás hay compromiso con sus proveedores de armas”, comentó el parlamentario PS.
Esta pregunta fundamental planteada hace casi 50 años por los militares que, de diferentes maneras, se negaron a participar en el golpe de Estado, sigue pendiente. Por una parte, muchos de ellos fueron condenados por haber vulnerado la disciplina militar que postula la ejecución irreflexiva de toda orden; y por otra, explican su comportamiento […]
