Las organizaciones que firman la declaración, entre otras, la Corporación Humanas y las fundaciones Avina, Iguales, Educación 2020, Ciudadano Inteligente, Equitas, Greenpeace, Chao Pescao, ONG Vecinos Barrio San Eugenio, Ciudad Viva, entre otras, expresaron que “las imputaciones se suman a un clima de creciente descalificación de la participación ciudadana y sus manifestaciones públicas”.
Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera firmó e proyecto de Ley que había anunciado y que busca hacer control preventivo de identidad, para permitir que Carabineros o la Policía de Investigaciones puedan requerir su cédula a personas que puedan estar vinculadas a incidentes en zonas “sensibles” en medio de manifestaciones.
César Reyes, detenido luego de la macha estudiantil del 8 de mayo, expuso su caso ante la Comisión Investigadora sobre derecho a reunión y seguridad pública de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios presentes solidarizaron con el estudiante y enviaron un oficio a la Fiscalía exigiendo que se expliquen las razones por las que los jóvenes detenidos en las marchas no son llevados inmediatamente ante un juez, tal como contempla la ley.
El estudio efectuado por la consultora ASIA Marketing arroja, además, un aumento de la credibilidad del Presidente Sebastián Piñera de 10 puntos y una caída de los partidos oficialistas que alcanzan sólo un 21 por ciento. La PDI resultó ser la institución más creíble, después de la familia de origen, para la población que va de los 18 a los 35 años.
Sebastián Piñera oficializó el envío de un proyecto de ley que aumenta las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones. El texto crea, además, una nueva figura legal para quienes atenten contra recintos o vehículos policiales y otorga mayores beneficios a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Desde el Congreso y la sociedad civil manifestaron su preocupación.
En tela de juicio está la actuación de la PDI y Carabineros en el marco de las movilizaciones estudiantiles: siete denuncias de golpizas a estudiantes fueron remitidas al Fiscal Nacional Sabas Chahuán. El modus operandi de los presuntos policías es detener a estudiantes, no necesariamente durante protestas, llevarlos a lugares apartados y golpearlos, para luego dejarlos en libertad en cualquier lugar.
En su hogar, en el sector Bosques de Montemar, falleció el ex rector de la Universidad del Mar, Raúl Baeza, quien también fue uno de los fundadores de dicha casa de estudios. Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, para investigar las causas del deceso, no descartando ninguna teoría, […]
En el marco de la investigación por las denuncias de cohecho contra la diputada Marta Isasi, la PDI allanó su sede parlamentaria en Iquique y requisó computadores y documentos. Isasi, en tanto, denunció que el asesor de Hugo Gutiérrez es el abogado de su ex asesor Giorgio Carrillo, quien fue formalizado por suplantar la identidad de la diputada.
El padre de César Reyes Gálvez, joven que denunció ser secuestrado y torturado el pasado 8 de mayo, presentó una querella por los delitos de torturas, incomunicación ilegal e ilícitos informáticos en contra los efectivos de la Policía de Investigaciones que resulten responsables. El recurso fue acompañado por informes de tres facultativos, que darían cuenta de las lesiones que los policías provocaron en el cuerpo del estudiante.
El sociologo se encontraba profugo desde abril y es sindicado por el gobierno como el impulsor de una serie de actos violentos en La Araucanía
Este jueves se presentará la querella contra los miembros de la PDI que resulten responsables del eventual secuestro y torturas contra César Reyes, alumno de 17 años del liceo Barros Borgoño detenido durante la última marcha del movimiento estudiantil. La Defensoría Popular evalúa, además, otra denuncia relativa a una joven perteneciente al grupo de Observadores de Derechos Humanos, supuestamente secuestrada a inicios de esta semana.
Los estudiantes agrupados en la ACES, exigen que el gobierno se pronuncie respecto de los últimos casos de detenciones ilegales y llama a una movilización nacional para el próximo 28 de mayo.
