Ante la Comisión de DDHH de la Cámara, el jefe de Gabinete de Sebastián Piñera desestimó las acusaciones de persecución al pueblo mapuche, reafirmando que el allanamiento obedeció a que al interior de Temucuicui se encontraban plantas de marihuana, así como armamento y grandes sumas de dinero.
En la instancia, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, explicó que el procedimiento se hizo ante la orden de un tribunal y siempre resguardando la dignidad y derechos de las personas. “No tenemos ninguna animadversión contra los pueblos originarios, muy por el contrario, compartimos muchas de sus demandas”, señaló.
Asi lo señaló la académica luego de los hechos de la semana pasada durante el allanamiento en la comunidad de Temucuicui que fue llevado a cabo por la PDI: “Los resultados dejan una vez más en vergüenza a una institución del Estado que va perdiendo credibilidad, al igual que Carabineros”, aseguró.
El oficio buscará dilucidar si los costos de los recursos empleados se condicen con los objetivos planteados por este operativo.
Los hechos ocurridos ayer en la comunidad mapuche de la comuna de Ercilla provocaron el repudio de los integrantes del Consejo de Todas las Tierras. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el encargado de relaciones internacionales del organismo aseguró que el masivo allanamiento realizado por la PDI representa el fracaso del gobierno del presidente Piñera en su relación con el pueblo mapuche.
El ilícito se cometió a pasos del Palacio de La Moneda. La Seremi Paula Labra pidió que no se especule con este hecho.
Tres son los objetivos que establece esta normativa que el Ejecutivo ordenó revisar durante los próximos días en el Congreso.
Con la presencia de los máximos representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema y el Ministerio de Salud, entre otros, la instancia completó su tercera sesión extraordinaria desde el comienzo de las manifestaciones.
Desde la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) acusaron que funcionarios de la Policía de Investigaciones le negaron el ingreso a territorio chileno a los realizadores Miguel Hilari y Urbano Mamani, ambos bolivianos, con el pretexto de no poder acreditar su estatus de turista.
El Séptimo Juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Alex Brito, arresto domiciliario para Mauricio Navarro y Álex Trigo, y arraigo nacional con firma quincenal para el resto de los imputados por el tráfico ilegal de 380 ciudadanos chinos.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha señalado que se va a ordenar la casa en materia de migración, pero también vamos a defender firmemente los derechos humanos”.
Luego de las irregularides detectadas por la Unidad de Auditoría Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, las duda del experto apunta más a la confiabilidad que tiene el organismo encargado de entregar las cifras oficiales que a los efectos que esta manipulación pueda haber causado en la economía.
La condena contra José Valladares y Víctor Barrera de 3 y dos años respectivamente se cumplirá bajo la modalidad de remisión condicional de la pena y les fue prohibido el acercarse a cualquiera de las víctimas.
Un peritaje de la Policía de Investigaciones respecto de la presencia de material genético en los autos de las profesoras que fueron asaltadas previo al homicidio del comunero mapuche establece que no existen rastros compatibles con Camilo Catrillanca en el interior de los vehículos.
Se trata de los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos condenados a 18 años de prisión por incendio con resultado de muerte.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Nelson Miranda se refirió al informe de la PDI que concluyó que la bala entró directamente en el cráneo del comunero mapuche y recalcó que “estamos hablando de un grupo armado por el Estado chileno, que ejecutó a dos jóvenes desarmados”.
La PDI alertó a la ciudadanía sobre este robo realizado en la comuna de Pudahuel, advirtiendo que el contenido de la caja fuerte no se debe manipular y que cualquier información debe ser comunicada a las autoridades.
