En la Región Metropolitana las y los profesores marcharon por la Alameda y exigieron el fin al agobio laboral, reparar la deuda histórica, entre otras demandas. Además, el magisterio pidió extender una semana más las vacaciones de invierno.
“Aquí está la palabra empeñada y no hay otra situación más que se envíe el proyecto de ley”, indicó el presidente del Colegio de Profesores en una nueva manifestación realizada frente a La Moneda.
Dirigentes del regional metropolitano del Colegio de Profesores entregaron una carta en La Moneda, donde emplazaron al Presidente Gabriel Boric a cumplir con el compromiso asumido de pagar la deuda histórica.
Trenes paralizados, escuelas cerradas, aeropuertos aislados y funcionarios en huelga. Reino Unido vive la mayor movilización de trabajadores en los últimos once años. Exigen un aumento salarial para enfrentar la inflación de un 10,5%.
Los docentes fueron detenidos por carabineros de Buin y fusilados al día siguiente en la Escuela de Infantería de San Bernardo. El querellante Francisco Bustos adelantó que pedirán un aumento de las condenas contra los exuniformados.
El ministro de Educación indicó que no es posible comparar el sistema público con el privado donde hay condiciones distintas para impartir la enseñanza. Además, adelantó la actualización del catastro de infraestructura que data de 2012.
El personal del establecimiento católico mantendrá la medida hasta el mes de marzo por reajuste salarial de cero por ciento ofrecido por el empleador, pese a que la colegiatura subió 13,5% para el 2023, denunció la dirigenta, Gizelda Merino.
Representantes de trabajadores de la educación presentaron una carta el Mineduc donde solicitan el aplazamiento del regreso presencial a las aulas. Los dirigentes subrayaron que si bien están disponibles para el retorno presencial, las altas tasas de contagio y de ocupación de camas UCI hacen temer un incremento explosivo de contagios en los colegios.
Entre los convencionales que presentaron la normativa se encuentran Wilfredo Bacian, Malucha Pinto, Paulina Valenzuela, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Elsa Labraña, y Erick Chinga.
En el Reino Unido, donde la propagación de Ómicron comenzó un poco antes que en Francia, el gobierno no prevé nuevas restricciones por el momento. Pero el ritmo de la infección está empezando a afectar el funcionamiento de distintos sectores de la sociedad, empezando por la administración pública.
El presidente del gremio, Carlos Díaz, indicó que las exoneraciones están previstas para el próximo 28 de febrero e incluyen a educadores con titularidad, algo inusual incluso en el sistema municipal. El dirigente destacó por otra parte la presentación de una iniciativa en el marco de la Convención Constitucional en materia educativa.
La senadora Yasna Provoste y la diputada Camila Rojas, coincidieron en que se trata de una decisión justa. Rojas subrayó que si bien existe un catastro de los educadores perjudicados, el actual Gobierno del Presidente Piñera, no avanzó en saldar esa deuda.
La decisión de la entidad señala que Chile no cumplió la “debida diligencia” por la asignación especial que les correspondían a 846 docentes luego del proceso de municipalización implementado en dictadura.
La encuesta arroja que un 69% de las y los docentes encuestados usan archivos de derechos humanos para enseñar a sus estudiantes sobre educación, salud, pensiones o seguridad social, 62% usan los documentos para enseñar sobre la dictadura, 61% para abordar la democracia y un 54% los utilizan para formación ciudadana.
La diputada del PPD abordó el veto presidencial al proyecto de ley que busca proporcionarles derechos al profesorado, afirmando que el Ejecutivo ha demostrado una disposición ensimismada y agresiva hacia los profesores.
Hasta el 20 de septiembre las profesoras y los profesores pueden responder en forma on line la Encuesta sobre usos de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico, que busca comprender el uso que las y los docentes le dan a documentos, imágenes y objetos que registran las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictadura para enseñar el pasado reciente en los establecimientos educacionales de nuestro país.
El proyecto que beneficiaría a cerca de 40 mil docentes está listo para ser revisado en la Sala de la Cámara, y aunque todavía no tiene una fecha definitiva para su análisis se espera que cuente con un apoyo transversal.
