Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto que sancionaría con pena de cárcel a las instituciones que lucren. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, se comprometió a revisar la iniciativa aunque aseguró que la Reforma integrará sanciones que determinan, incluso, el cierre de las instituciones.
Académicos de Universidades Estatales llegaron hasta La Moneda para enviar una carta a la Presidenta Michelle Bachelet en la que plantean los puntos que debiesen estar considerados en la Reforma a la Educación Superior, entre las cuales destaca la construcción de un sistema nacional de educación superior.
Rectores defendieron la rigurosidad del acceso de instituciones al beneficio de gratuidad en el marco de los cambios al sistema de educación superior, luego de las críticas vertidas desde universidades privadas. En tanto, el senador Carlos Montes advierte que se debe evaluar el apoyo económico estatal diferenciado y la exclusión de universidades con claros fines de mercado.
Mientras que la ministra de Educación Adriana Delpiano indicó que la gratuidad puede aplicarse nuevamente mediante glosa, desde Segpres indicaron que es necesario un debate profundo de la iniciativa. Por ello, desde los sectores estudiantiles instaron al Gobierno a hacerse cargo de la reforma.
Mientras parlamentarios evidencian las diferencias que existen entre la Cámara y el Senado, así como entre los propios partidos de la Nueva Mayoría, expertos advierten la necesidad de un cambio de gabinete en el corto plazo, anticipando, incluso, un peor escenario para el Ejecutivo ante las próximas elecciones municipales.
Tanto desde el Cruch como del Consorcio de Universidades Estatales, así como desde la Confech, coinciden en la necesidad de prolongar el plazo del 31 de enero dado por el Gobierno para enviar el proyecto que busca reformar la educación superior. Las críticas apuntan a la debilidad política del Ejecutivo y a la posibilidad de una discusión amplia que no solo se centre en mecanismos de financiamiento.
Desde el CRUCh indicaron que no ha existo un trabajo en conjunto para determinar las regulaciones que se realizarán en el nuevo sistema de educación superior.
Con la gratuidad para la educación superior programada para 2016, los representantes de las universidades públicas si bien reconocen acercamientos con los ministros de Educación y Hacienda, insisten en sus inquietudes respecto de la glosa presupuestaria enviada por el Gobierno al Congreso. Entre los estudiantes las críticas se acrecientan.
Ante la aclaración que realizó la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto a que la gratuidad de la educación no se realizará mediante becas, desde las organizaciones estudiantiles comentaron que este cambio de versión, de un día para otro, representa una irresponsabilidad de las autoridades frente a la reforma.
En este sentido, Pablo Gentili, secretario general de CLACSO Universidad Estatal de Río de Janeiro, indicó que existe una gran expectativa respecto a si Chile logra revertir su modelo de educación, el que según comentó, está marcado por una fuerte privatización de sus instituciones.
Las presiones de los rectores obligaron al Ministerio de Educación a dar pie atrás en los cambios a las definiciones sobre qué entidades pueden acceder al sistema de gratuidad en la educación superior. Además, se postergó el envío del proyecto respectivo para diciembre.
