Faltan pocos días para que ingrese al proyecto de Reforma Educacional al Congreso, según indicó la titular de la cartera Adriana Delpiano, quien puso fecha límite el próximo 30 de junio.

En el marco de un seminario orientado a discutir las directrices que se debieran definir en esta iniciativa, parlamentarios de la comisión de Educación apuntaron a un nuevo proyecto presentado a la ministra, que sancionaría penalmente el lucro en las instituciones de educación superior.

Además, se plantearía que los recursos mal habidos por parte de los directores de estas instituciones y las sociedades vinculadas, serían recuperados por el Estado para reinvertirlos en organismos educacionales públicos.

La ministra Delpiano dijo que evaluaría la pertinencia del proyecto, a pesar de recalcar que la Reforma que se ingresará a fines de este mes, integra sanciones severas, como el cierre definitivo de las entidades que lucren: “Voy a mirar con mucha atención esto. Sé que es una demanda recogida muy de cerca con el movimiento estudiantil, que el lucro se penalice, pero la verdad de las cosas lo que nosotros habíamos dibujado integra sanciones tan graves como es el cierre de una universidad”, indicó.

Sin embargo, para una de las autoras de la iniciativa, la diputada del PPD Cristina Girardi, la Reforma considera sólo sanciones administrativas que no van en línea, por ejemplo, de la ley que penaliza la colusión.

Por lo mismo, las penas que se plantean irían de los 541 días a los diez años de cárcel: “Creemos que hay una intención de defraudar el fisco cuando las universidades lucran o cuando derivan sus recursos hacia sociedades relacionadas, blanqueando incluso el percibimiento de lucro de los directores implicados”, detalló la parlamentaria.

Una propuesta que para el diputado de la UDI Jaime Bellolio respondería a un tema ideológico porque, a su juicio, ya existirían las herramientas suficientes para sancionar el lucro y prueba de ello fue la acusación que en su momento hicieron miembros de la Concertación contra el ex ministro de Educación Harald Beyer, por no perseguir lucro en el Universidad del Mar, entre otros casos.

“Tienen toda la razón en que hoy no está permitido en la ley el lucro y es necesario sancionarlo, por lo tanto no vamos a defender a los que hacen trampas, triangulaciones o que tratan de disfrazar el lucro, pero es distinto pretender  que exista una especie de “policía” que esté delante de las universidades para decir si hay que mandar a la cárcel o no a los que lucran”, indicó.

En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) Camila Rojas, aseguró que esta medida debería incluirse en la Reforma, pero sin dejar de lado otros aspectos fundamentales como el aumento de la matrícula en las instituciones públicas.

Las sanciones que integraría la Reforma Educacional van desde multas hasta el cierre de las instituciones que incurran en lucro.

Sin embargo, algunos parlamentarios reconocieron que si el Ejecutivo decide no integrar la sanción penal en la Reforma, se tendría que tramitar en paralelo porque existiría aprobación suficiente de la Nueva Mayoría para integrar esta normativa.

Universidades del G-9 exigen más recursos del Estado

Molestia ha generado en los rectores de las universidades pertenecientes a la Red G9, el diseño de la Reforma a la Educación Superior que no integraría nuevos fondos para estas instituciones.

La máxima autoridad académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, dijo que es inaceptable ser ignorados por el Ministerio de Educación en esta materia, porque este grupo representa cerca del 50 por ciento de aporte docente y de investigación nacional.

En ese sentido, Sánchez dijo que han enviado cartas a la ministra Adriana Delpiano, sin descartar seguir apelando antes que ingrese el proyecto al Congreso: “No descartamos seguir presionando antes que se presente el proyecto de ley a instancias superiores, y una vez ingrese evaluar que se ha recogido de nuestros planteamientos”, sostuvo el rector.

Sin embargo, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aseguró que es pertinente diferenciar las universidades que recibirán fondos estatales para ciertas áreas y que tienen fin público, de las que se financiarán totalmente por el Estado que deben resultar fortalecidas con esta Reforma.

“Hemos dicho que una cosa es lo que se llama universidad pública y las que merecen fondos estatales. Los que no queremos y no vamos a permitir es que para decir hay muchas universidades que reciben fondos estatales se digan que son públicas, porque eso desvirtúa este tipo de instituciones y le quita su valor”, indicó.

Las denominadas universidades del G9 son instituciones públicas no estatales integrantes del Consejo de Rectores, entre ellas la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María y la Universidad Austral.