El director ejecutivo de Amnistía Internacional consideró fundamental aclarar las eventuales responsabilidades de las autoridades políticas y policiales durante el estallido social y avanzar en medidas de no repetición.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile insistió en los efectos negativos de la propuesta que se discutirá esta semana en el Senado. Además, reclamaron no haber sido invitados a exponer durante el debate de la controvertida iniciativa.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo.
Luego de la determinación, el director en Chile de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, criticó este nuevo retraso. “Es muy importante que se avance en sanciones a los responsables” después de cinco años de indagatoria, precisó.
El director de la entidad en Chile, Rodrigo Bustos, destacó el trabajo en favor de las dirigentas de Petorca donde el uso del agua se ha destinado a plantaciones dejando sin el recurso a la gente. Una historia y los relatos de sus protagonistas.
Las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, como las cometidas durante la dictadura cívico militar o en el estallido social, deben buscar esclarecer los hechos e identificar a todas las personas responsables para que los tribunales puedan establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Entre los estándares que deben cumplir los Estados […]
Según la institución, a tres años del inicio de las movilizaciones, ningún alto mando responsable de la acción policial en las protestas ha sido imputado y hay solo 16 condenas en casos de violaciones de derechos humanos durante el periodo.
En el espacio Qué dice el Texto, el director de Amnistía Internacional afirmó que la nueva Constitución se hace cargo de todos los derechos establecidos en la legislación internacional.
El director de Amnistía Internacional Chile se refirió a la cuenta pública que dará el Presidente Gabriel Boric y a la necesidad de que haya anuncios en materia de reparación, justicia y garantías de no repetición en materia de derechos humanos.
El organismo develó que la cifra desproporcionada de muertes por Covid es resultado de desigualdades ya existentes. Brechas que son posibles subsanar en el país a través de lo aprobado en la Convención, aseguró el director de Amnistía Chile.
En la entrega del informe anual 2021/22, desde la oficina en Chile del organismo aseguraron que Sebastián Piñera dejó un “legado sombrío en materia de Derechos Humanos” y recordaron la urgente necesidad de una reforma a la estructura de Carabineros.
El consejero aludió a temas administrativos en la desvinculación de 48 profesionales en regiones. Además, dijo desconocer los motivos de la renuncia de Rodrigo Bustos y defendió la labor del organismo en la presentación de querellas en el marco del estallido social.
Con esta determinación, las particiones señalaron un menoscabo a la atención psicosocial y jurídica a las víctimas del estallido social. También se notificó la renuncia del abogado Rodrigo Bustos al organismo, quien mencionó situaciones de precariedad laboral en distintas divisiones.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Ministerio Público que realice una serie de diligencias solicitadas por el INDH en orden a esclarecer los hechos ocurridos en agosto del 2017 en Lo Prado. “Este caso muestra de manera clara como el Estado de Chile está al debe en una serie de políticas públicas de adecuación del marco normativo y de prácticas para que efectivamente los funcionarios y funcionarias de nuestro país no incurran en actuaciones discriminatorias”, aseveró el abogado del INDH.
De acuerdo a un mapa que identifica los casos de golpizas por parte de agentes del Estado, un 88% de los casos corresponde a abusos cometidos por Carabineros.
El sobreseimiento definitivo por inocencia es lo que busca la Defensoría Penal para el caso de Joane Fovril, ya que, de acuerdo a antecedentes que presentarán este miércoles ante el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, la fallecida ciudadana haitiana “jamás quiso abandonar a su bebé”, aseguran. En tanto, desde el INDH reiteraron el llamado a que la Fiscalía investigue en profundidad las circunstancias en que falleció la inmigrante.
“En Chile todavía se tortura”, fue la conclusión a la que organismos de derechos humanos llegaron luego de que se conocieran las cifras que indican un aumento en las denuncias sobre estos casos, por lo que hicieron un llamado a que el Estado promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura como forma de cambiar la cultura de las instituciones políticas en nuestro país.