La socióloga y académica de la Universidad de Santiago apuntó a la dificultad de legislar el proyecto de ley en tiempo electoral y aseguró que debería existir más tiempo para el debate. “Nos puede traer problemas en el futuro”, advirtió.
“Es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares: el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”, destacó la directora del organismo.
La parlamentaria destacó que las Reglas del Uso de la Fuerza “son claves”. “Queremos policías profesionales, capaces, empáticos con la ciudadanía que está en problemas, duros con los delincuentes, pero no queremos Crespos”, aseveró.
Para el experto en seguridad de la Universidad de Chile, la legislación definitiva debe incorporar esta norma, pues sirve como marco para la disciplina interna de las Fuerzas Armadas, las policías y la interpretación judicial.
La Cámara Alta despacho la iniciativa que busca regular las acciones de cuerpos policiales y militares durante sus intervenciones. Desde la oposición, además se rechazó la propuesta del Ejecutivo de generar grupos de especial protección.
La iniciativa -también conocida por la sigla RUF- está cumpliendo su segundo trámite y fue analizada previamente por las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública.
En entrevista con Radioanálisis, el parlamentario se refirió a la aprobación del proyecto que crea las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en el Senado. Esto, luego de que la Cámara Baja le diera luz verde de forma unánime.
“Queremos una ley equilibrada, que permita a las policías actuar frente a distintas circunstancias”, afirmó el integrante de la instancia parlamentaria y senador (DC), Iván Flores, sobre el proyecto de ley que continuará su trámite legislativo.
El secretario de Estado sostuvo que el único matiz de independencia surge en la Corte Marcial, pero “está integrada por cinco miembros de los cuales tres son los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y dos jueces de Corte de Apelaciones”.
La senadora Campillai relevó la necesidad de prohibir apuntar armamento menos letal al rostro, cabeza y torso. En paralelo al debate legislativo, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, llamó al Ejecutivo a autorizar el uso de taser paralizantes.
El abogado enfatizó en que dicho sistema afectó profundamente las indagaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado. Además, cuestionó que se defienda la idea con el argumento de la especialización.
En entrevista con Radio Rancagüa, el Mandatario defendió que la institucionalidad civil es más “especializada”, mientras que “la justicia militar es para tiempos de guerra, para casos muy específicos”.
El vicepresidente del Senado afirmó que la idea “no tiene nada que ver con las ideas matrices” del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza, y contradice un principio ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Senadores de oposición analizan la manera en reponer dicha enmienda en la discusión sobre las Reglas de Uso de la Fuerza. Para el Ejecutivo, restituir la indicación sobre esta materia “sería poco riguroso”.
En una estrecha votación por 72 votos a favor y 71 en contra, la Corporación declaró inadmisible la indicación de la derecha que buscaba devolver a la justicia militar los casos en que uniformados cometen delito cumpliendo labores de orden público.
Desde el Partido Republicano aseguran que “la justicia no está funcionando para los militares y las policías”. Este viernes el proyecto sería visado por la comisión de Hacienda y, luego, discutido en Sala en sesión especial de 16 a 19 horas.
La decisión se adoptó luego de que la Corporación suspendiera la semana distrital tras los homicidios de los tres carabineros en Cañete. Las RUF buscan establecer normas generales sobre el uso de la fuerza para las policías y Fuerzas Armadas.
