La ex fiscal y abogada del Caso Tsunami fue nombrada como máxima autoridad de la institución. La decisión es un punto clave del paquete de “medidas drásticas” anunciadas por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, tras la fuga de 14 niños del Centro Cread de Arica.
El informe enviado por el Ministerio de Justicia a la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores dio cuenta de la muerte de casi 200 niños y niñas que estaban bajo el cuidado del Estado. Una situación que pone en un punto crítico a un servicio que constantemente da cuenta de falencias en su gestión.
Una denuncia contra el Estado de Chile presentó la diputada de la UDI Claudia Nogueira ante la ONU en la que pidió suprimir el Sename. El diputado René Saffirio calificó la acción como “fuegos artificiales” y apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo. En tanto, esta mañana funcionarios del Sename se tomaron un centro de atención en Talca para exigir la renuncia de su directora y anunciaron que de no haber respuestas radicalizarán las protestas.
En una mera asociación “para conseguir poder, y a través de él, dinero”, se ha convertido la DC según el ex militante de la Falange y diputado, René Saffirio, quien sindicó también a una serie de personeros democratacristianos de formar parte de fundaciones que lucran a través del Sename, y no cumplen con las mínimas medidas de protección de los menores.
El parlamentario por La Araucanía presentará su renuncia este miércoles a la Democracia Cristiana para iniciar un nuevo camino político como independiente.
Esta semana se conocerán los resultados del análisis toxicológico que esclarecerán las causas y responsabilidades en la muerte de Lissette en uno de los centros del Servicio Nacional de Menores. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del organismo, Bernardo Neira, acusó pago de favores políticos en la desviación de recursos hacia asesorías con sueldos millonarios, en desmedro de la contratación y especialización de funcionarios.
Luego de la renuncia de la directora del Sename Marcela Labraña, la Asociación de Trabajadores del Sename aseguraron que la medida no cambiará el contexto en que se encuentra el organismo debido a la falta de dotación de personal y de insumos técnicos a nivel nacional.
Marcela Labraña, directora nacional del Sename, presentó su renuncia al cargo en medio de la polémica generada por la muerte de una menor de 11 años en un centro del organismo, producto de la ingesta de fármacos.
Tras la muerte de una niña de 11 años en un centro del Sename la semana pasada, la diputada PS y presidenta de la comisión de Familia de la Cámara Denise Pascal, se reunió con la directora del servicio Marcela Labraña para conocer los avances en la investigación sobre la muerte de la menor.
Este miércoles funcionarios del Servicio Nacional de Menores marcharon hasta la institución, para denunciar las precarias condiciones de trabajo y pedir la renuncia de la directora nacional, Marcela Labraña, y la directora regional, María José Montero.
A través de un comunicado, el Sename se refirió a las declaraciones realizadas por el sacerdote Gerardo Joannon, quien fuera vinculado a casos de adopciones irregulares en la décadas del 70 y 80, en las cuales asegura que ayudó “a que no murieran niños y ahora se legisla para matarlos”, en relación con el proyecto de despenalización del aborto. “Él dejó una herida abierta en nuestro país”, aseguran desde el organismo.
Luego de que el Primer Juzgado de Familia de Santiago negara a Revista Paula la publicación de un artículo sobre el Sename, el gremio de periodistas condenó los hechos. “En este caso hay un principio general que dice que si hay un interés público importante los periodistas tienen el derecho y la obligación de poder difundirlo”, comentaron.
Se trata de Rina Montt, acusada y condenada por ejercicio ilegal de la profesión, quien en conversación con Radio Universidad de Chile denuncia a distintos sectores políticos que se encargaron de destruir su vida. “La Justicia chilena y el Estado me traicionaron”, advierte desde México, donde reside hoy.
Luego que parlamentarios llamaran al Gobierno a centrar su atención en lo que está ocurriendo en el sur del país, distintos sectores, incluyendo los propios empresarios, han dicho que no hay voluntad para alcanzar un acuerdo.
Cuando se trata de seguridad ciudadana las políticas públicas suelen apuntar al control, las penas y la reclusión. Sin embargo, desde distintos ámbitos aseguran que el foco debería estar puesto en la prevención y la reinserción social. Incluso, en una educación flexible que responda a los problemas y necesidades particulares.
Las conclusiones son críticas respecto de la especialización de los profesionales que trabajan en la reinserción de los infractores. En tanto, organizaciones acusan falta de infraestructura y medios para ejercer sus labores en los recintos cerrados.
A una semana de iniciar las movilizaciones, en demanda de mejoras salariales, el siguiente paso, de no lograr un acuerdo con el Gobierno, sería la imposibilidad de realizar nuevos ingresos de usuarios derivados de tribunales y centros de justicia.
