La decisión fue tomada en fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada.
Suiza no debe deportar a la defensora Mapuche a Chile, según determinó la instancia de Naciones Unidas luego de una solicitud de asilo que fue rechazada. Desde ese país, la Apo Werken lamentó: «la violencia viene del Estado».
En conversación con nuestro medio, la integrante del equipo jurídico de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Romina Ampuero, aseguró que la mayoría de civiles implicados no ha sido parte de ningún proceso judicial.
El persecutor solicitará la prisión preventiva contra los uniformados.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule, Mirna Troncoso, la noticia es un avance en cuanto a la misión de no olvidar la historia, pero precisó que ahora viene la segunda parte de su cruzada: la adquisición de la casa por alguna organización de memoria y derechos humanos para preservar el recinto.
El ex general director podría ser procesado por torturas con resultado de muerte. Así lo solicitan instituciones de DD.HH., ya que habría estado al mando del grupo de uniformados que dio muerte al estudiante en 1985, mientras se encontraba realizando trabajos voluntarios en San Felipe.
El reciente fallecimiento de Ana González pone en el tapete una realidad tan común como burlesca: tras años de búsqueda de sus seres queridos, quienes perdieron a los suyos en dictadura terminan encontrando a la muerte y no a sus cercanos asesinados.
Nicza Báez Mondaca es una ex mirista sobreviviente a la detención perpetrada por tres de los siete liberados en el “supremazo”, su esposo Alonso Lazo Rojas, sigue desaparecido. La mujer considera que las medidas del Estado en materia de reparación y justicia, no fueron suficientes.
El jugador del Manchester City y capitán de la selección chilena durante el proceso anterior, se manifestó a través de las redes sociales respecto del video donde se ve a los ciudadanos ecuatorianos imputados por el crimen de una trabajadora siendo torturados.
El día 4 de marzo de 2018 el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, en conjunto con los abogados de derechos humanos Paz Becerra y Francisco Jara, presentaron una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento de las obligaciones de investigar, enjuiciar y castigar la práctica sistemática de la tortura en nuestro país durante la dictadura militar; así como de reparar a quienes fueron víctimas de la misma.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos reiterados al exministro del Interior y Defensa José Tohá González. Ilícito perpetrado entre el 2 de febrero y el 15 de marzo de 1974.
El organismo consideró admisible las demandas realizadas por la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile que acusa de negación de justicia e impunidad de parte del Estado de Chile, hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Patricio Véjar, integrante del Comité de Iniciativa Nacional contra la tortura, aseveró que la institución carece de completa autonomía y no cumple con estándares internacionales. Subsecretaria de Derechos Humanos rechazó las críticas a la prenormativa impulsada por el Gobierno.
Fundación Emprender con Alas acusó en tribunales los hechos ocurridos en recinto. A través de la acción legal se busca la intervención inmediata del centro de acogida para menores con discapacidad intelectual, dependiente de Coanil.
Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.
Más de 30 organizaciones han pedido a la ONU que examine el impacto de la ablación en Asia. Aunque la práctica suele estar relacionada con el control de la sexualidad de las mujeres, las formas y creencias varían dependiendo del lugar.
Desafíos como el establecer un mecanismo para prevenir y perseguir los casos de tortura y vulneración de los derechos humanos de los reclusos, y la implementación de una ley de ejecución penal que ordene y sistematice las funciones de Gendarmería se plantean para una institución que padece la obsolescencia en su forma de funcionar.
