La ex ministra de Michelle Bachelet y vicepresidenta de la corporación Miles, se refirió al requerimiento presentado por Chile Vamos al Tribunal Constitucional y que declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia. Al respecto, señaló que la derecha busca obstruir un derecho ganado por la mujer.
El pleno del organismo acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos para declarar como inconstitucional parte del reglamento dictado por el ministerio de Salud, que no fue defendido por el Gobierno.
El parlamentario socialista se refirió al requerimiento que su bancada presentó ante el Tribunal Constitucional para inhabilitar a tres de los ministros que deberán revisar el protocolo de las tres causales a petición de Chile Vamos.
La banca socialista acusó conflicto de interés de los ministros Juan José Romero, Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández, quienes, eventualmente, deberán decidir sobre la constitucionalidad del reglamento por objeción de conciencia institucional, a raíz de la presentación de Chile Vamos que busca declarar ilegal la norma.
La acción busca dejar si efecto la prohibición de negarse a atender interrupciones de embarazos- establecidas en la Ley- en establecimientos privados que reciben recursos del Estado.
El pasado 9 de octubre la Comisión Mixta que analizó el proyecto de ley de libertades condicionales despachó su informe, el que se espera sea revisado por la Sala del Senado en las próximas semanas. La UDI informó que acudirán al Tribunal Constitucional por el aumento de exigencias que se busca legislar, en particular a lo que refiere a los condenados por delitos de lesa humanidad.
A tan solo una semana de que se presentara el protocolo que regula la Ley de Aborto en tres causales, tal como lo habían advertido, parlamentarios de la UDI y RN llegaron hasta el Tribunal Constitucional para que se revise una parte del documento que sería inconstitucional.
Nuevamente la UDI anunció que acudirá al Tribunal Constitucional por la Ley de Aborto en tres causales. La arremetida gremialista, que podría sumar otras fuerzas dentro de Chile Vamos, busca eliminar las restricciones para que clinicas privadas declaren ser objetoras de conciencia.
El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento contra el juez Madrid, pero descartó la suspensión del proceso judicial que debe determinar la responsabilidad de los seis acusados del crimen del ex mandatario.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional asignar una pena privativa de libertad contra el representante legal de la estación Aukan de San Fernando, la cual mantenía una denuncia por estar al aire sin autorización de la autoridad correspondiente.
El proyecto impulsado por el presidente Sebastián Piñera busca consagrar a través de la Constitución el deber del Estado de garantizar la igualdad y eliminas las barreras que así lo impidan. Sin embargo, su aprobación no necesariamente acabará con las discusiones más frecuentes sobre desigualdad de género.
Senadores reprocharon al gremialismo ante el anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional por objeción de conciencia en aborto en tres causales.
Organismo desechó la arremetida de los industriales del plástico quienes se oponen a su desaparición y sustitución progresiva en el comercio.
Los escritos de “Téngase Presente” han sido el instrumento utilizado por los empresarios que acuden a este órgano para torcer así la aplicación de legislaciones aprobadas por el Congreso Nacional. Esta vez son los productores del plástico los que pretenden evitar la entrada en vigencia de una nueva normativa que perjudica sus intereses económicos.
En conversación con nuestro medio, el diputado la bancada socialista, Leonardo Soto confesó que sabían que era una iniciativa judicial difícil, pero que era la obligación del partido el intentar evitar un acuerdo que, en la práctica, implica impunidad para los autores de los delitos.
Con la decisión del Tribunal Constitucional se da luz verde al acuerdo entre el fiscal Guerra y los controladores del grupo Penta.
El Tribunal Constitucional decidió rechazar de manera unánime el requerimiento interpuesto por el Gobierno.