El documento busca modificar la ley 20.800 sobre administración provisional y cierre de instituciones de educación superior, tomando en consideración las experiencias y dificultades que han tenido los estudiantes de distintas universidades que han tenido que cerrar sus puertas.
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, se refirió al cierre de la investigación por los supuestos delitos cometidos por los ex controladores de la Universidad del Mar y aseguró que “lo que ocurrió es que hubo una falla de la ley”.
Héctor Zúñiga, junto a dos directivos de la desaparecida casa de estudios fueron formalizados este miércoles. El abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, indicó que los procesados habían ideado toda una maquinación para estafar a los estudiantes.
Este viernes comienza la preparación del juicio por el caso CNA, donde se investigan irregularidades en los procesos de acreditación de las universidades. El ex secretario del organismo, Patricio Basso, quien se presentará como testigo ante la Fiscalía, dijo que espera que los castigos sean ejemplificadores y apuntó a la necesidad de cambios legislativos con miras a la reforma de educación.
A pesar de establecer la existencia de pagos en algunas casas de estudio a inmobiliarias, el fiscal Carlos Gajardo expresó que no habrían sanciones dada la carencia de una figura penal para estos casos en Chile. “Se sigue demostrando que la gente con dinero no pisa la cárcel”, señaló la vocera de los estudiantes.
La queja también fue compartida por los estudiantes de Los Leones, quienes se han visto afectados por el cese de carreras, tales como, Administración Pública.
Luego del fallo, el síndico del plantel educacional presentó una apelación ante la Corte de Valparaíso. En las próximas semanas, el tribunal de segunda instancia deberá ratificar o revertir la decisión del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.
El Mineduc reconoció la entrega de 30 mil millones de pesos en un proceso que los perjudicados califican como falso y sin control. Además, denuncian judicialización de demandas en su contra por no pago de aranceles, a pesar de que la entidad está cerrada.
El ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación criticó la decisión de la Fiscalía, toda vez que el delito investigado atentó contra la fe pública. Por lo tanto, llamó al Ministerio Público a juzgar sin este tipo de acuerdos.
La medida busca que los estudiantes que retomaron sus estudios en otras instituciones, sean beneficiados con becas. De no ser así, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas de Viña del Mar señalaron que iniciarán movilizaciones.
Continúa la pesadilla que viven quienes quisieron ser profesionales estudiando en la Universidad del Mar, casa de estudios clausurada luego de múltiples irregularidades que afectaron a más de 20 mil alumnos que hoy ven en riesgo su patrimonio, pues los documentos financieros comprometidos, en muchos casos, permanecen vigentes y en manos de la banca privada.
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Mar, en representación de sus compañeros desde Arica a Punta Arenas, se acercaron a la Contraloría General de la República a exigir transparencia por la forma en que se gestaron los traspasos de los exalumnos a otras casas de educación superior. Esto porque existen alumnos que corren […]
La decisión fue gatillada por la molestia de los estudiantes, quienes aseguran que las soluciones entregadas por el Mineduc no representan una real protección para enfrentar el problema.
El abogado Raúl Urrutia causó un revuelo durante 2012 cuando renunció a la rectoría de la Universidad del Mar. En una carta aseguraba que “los actuales controladores no tenían interés alguno en el quehacer universitario”. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Urrutia advierte sobre “la desidia absoluta del Estado en cumplir su rol fiscalizador, regulador y de control” en el caso de la Universidad de Mar y en otras instituciones.
La Dirección del Trabajo difunde lista de 14 condenas judiciales contra empresas que han cometido prácticas anti sindicales. Trece de las 14 sentencias condenatorias fueron posibles gracias a la presentación de las denuncias ante la justicia laboral por parte de la Dirección del Trabajo. Director del Trabajo explicó que una de las prioridades de su gestión es defender y promover la libertad sindical, uno de los pilares de las reformas laborales que impulsa el Gobierno.
La casa de estudios se podría transformar en la primera institución en ser sancionada por la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las instituciones en casos de lavado de activos. Según la investigación judicial se estableció que luego de ser acreditada en 2010 por un período de dos años, la universidad habría obtenido dos mil 753 millones de pesos provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el primer año.
Según la vocera de los universitarios que fueron reubicados en la Universidad de Tarapacá, Gabriela Peña, desde marzo se comenzaría a recibir los beneficios, pero hasta la fecha no se ha concretado el pago de las becas
