El parlamentario además abordó sus polémicos dichos durante el debate del veto presidencial, en donde tildó al Presidente Boric de “Maduro chico”. Según el legislador, fue una forma de graficar cómo el oficialismo quería “meter la mano en la urna”.
La reforma electoral, a la que solo le resta un trámite en el Tribunal Constitucional, establece una multa de 0,5 UTM para todos quienes estén habilitados para sufragar -tanto nacionales como extranjeros- y no acudan a las urnas.
La vocera señaló que es probable que la reforma electoral se vote la próxima semana. A su vez, la diputada Catalina Pérez (FA) afirmó que si bien no se ponen en riesgos los comicios, “debe ser un llamado de atención para no legislar sobre la marcha”.
El parlamentario además descartó recurrir al Tribunal Constitucional para objetar el veto presidencial a la reforma de elección en dos días. “Estamos entre la espada y la pared, tenemos solamente la opción de apoyar y no discutir o modificar”, dijo.
Los puntos votados por los parlamentarios permiten que las elecciones municipales se hagan en dos días, restituyen el feriado irrenunciable del domingo y también una multa de 0,5 UTM para quienes estén habilitados votar y no acudan a las urnas.
El diputado puso en duda la aprobación del veto presidencial ingresado a la reforma de elecciones en dos días. Además, no descartó que su bancada acuda al Tribunal Constitucional para hacer reserva por la eventual multa a los extranjeros.
Ante un eventual rechazo al veto presidencial, el académico Gonzalo Parra manifestó que aplicar la multa solo a ciudadanos significaría que se “desincentivaría la participación de extranjeros habilitados para sufragar”.
“El Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución”, acusó el diputado Andrés Longton (RN), mientras se multiplican las voces que piden que el voto sea obligatorio y con multa para todos los electores.
El Ejecutivo busca reponer la multa a los ciudadanos que no concurran a votar en los próximos comicios. Pero, las sanciones para los extranjeros sigue generando disputa tanto en la oposición como en las filas oficialistas
La iniciativa del Ejecutivo de excluirlos de la multa por no votar, despertó cuestionamientos desde la misma comunidad por faltar al principio de “igualdad ante la ley”. Además, derivó en una discusión por las contradicciones en la Carta Fundamental.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que el Ejecutivo es promotor de que quienes no cumplan con el deber cívico de concurrir a las urnas en octubre, sin justificación, serán sancionados con multa.
El exministro del Interior aseguró que ve a una secretaria de Estado “empoderada” que cuenta con el aval del Presidente de la República aún luego de una compleja semana por el veto a la Ley de Usurpaciones y cuestionamientos a la agenda de seguridad.
El abogado y académico de la U. Chile aseguró que la iniciativa no cuenta con una “reflexión racional” en cuanto a su efectividad. En relación al debate constitucional, afirmó que para los pueblos indígenas “es el proceso más excluyente de todos”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió esta mañana el veto que presentó el Gobierno a la Ley de Usurpaciones para eliminar la legítima defensa privilegiada y regular la proporcionalidad de las penas en la normativa.
Las observaciones del Ejecutivo apuntan a tres aspectos: la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
El Gobierno presentará esta semana el veto a la controvertida ley para impedir que la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente “distorsionen las bases del Estado de derecho”.
En entrevista con nuestro medio, el doctor en historia entregó su opinión sobre el impacto de la ley de usurpaciones. “Esta ley lo que busca criminalizar el derecho y una forma de protesta que surge del movimiento mapuche”, afirmó.
