El abogado y académico de la U. Chile aseguró que la iniciativa no cuenta con una “reflexión racional” en cuanto a su efectividad. En relación al debate constitucional, afirmó que para los pueblos indígenas “es el proceso más excluyente de todos”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió esta mañana el veto que presentó el Gobierno a la Ley de Usurpaciones para eliminar la legítima defensa privilegiada y regular la proporcionalidad de las penas en la normativa.
Las observaciones del Ejecutivo apuntan a tres aspectos: la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
El Gobierno presentará esta semana el veto a la controvertida ley para impedir que la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente “distorsionen las bases del Estado de derecho”.
En entrevista con nuestro medio, el doctor en historia entregó su opinión sobre el impacto de la ley de usurpaciones. “Esta ley lo que busca criminalizar el derecho y una forma de protesta que surge del movimiento mapuche”, afirmó.
El senador PS respaldó el veto presidencial que presentará el Gobierno sobre el articulado que establece la legítima defensa privilegiada. “El Presidente no está actuando fuera de la ley ni se está poniendo en favor de los usurpadores”, señaló.
La normativa se despachó a ley desde el Congreso Nacional el 9 de septiembre pasado, sin embargo, el Ejecutivo presentó un veto supresivo por lo que su promulgación no se ha podido concretar.
La parlamentaria, integrante de la Comisión de Educación, explicó que el objetivo de la presentación de este proyecto de ley “es precisamente darle dignidad a la labor docente”.
Sólo horas antes de la movilización nacional convocada por el Magisterio, esta tarde la Comisión de Educación de la Cámara Baja rechazó el veto supresivo presentado por el Ejecutivo que pretende vetar las mejoras a las condiciones laborales para los profesores y profesoras de Chile.
La iniciativa que intentó abortar el Ejecutivo crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, definiendo un marco de políticas, derechos y obligaciones para el Estado y la sociedad en su conjunto.
Los legisladores buscan impugnar la normativa aprobada en el Parlamento por considerar que contraviene el derecho de los padres sobre los menores. Patricia Muñoz rechazó además el veto Presidencial anunciado por el Gobierno sobre este articulado.
Con 28 votos en contra del veto, siete a favor y 5 abstenciones, los legisladores rechazaron las modificaciones del Ejecutivo. Por u parte, la insistencia no alcanzó el quorum requerido (2/3), por lo que no pudo reponerse el proyecto del Congreso.
En conversación con nuestro medio, Mario Olavarría aseguró que la medida del Gobierno supone un riesgo político y social. “No va por la línea correcta salvo que saquen una medida rápida para apoyar a las familias”, agregó.
El diputado RN aseguró a nuestro medio que, debido a una opinión ampliamente mayoritaria dentro de su partido en rechazo a realizar modificaciones al proyecto, su postura es en contra del eventual veto presidencial que evalúa presentar el Gobierno.
A ninguno de los involucrados dejó contento el anuncio del Ejecutivo, realizado este miércoles, sobre el envío de un veto presidencial aditivo para modificar la aprobada Ley de la Jibia. El gremio de la industria indicó que la propuesta gubernamental no es viable, mientras que desde el Congreso anticipan un rechazo a la herramienta constitucional del Presidente Sebastián Piñera.
Los empleados fiscales marcharon este jueves por la Alameda para exigir al Gobierno que considere sus demandas en el veto presidencial anunciado por la Mandataria. En tanto, manifestaron que continuarán movilizados hasta que sean escuchados, de lo contrario, anticipan el fracaso del oficio de la Jefa de Estado.
En medio del debate por la Reforma Laboral, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz insistió en conocer los detalles del fallo del Tribunal Constitucional, aunque la presentación del veto tiene como fecha tope el próximo 7 de mayo. Mientras, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional le “quita tiempo y energía al gobierno” pero no retrasaría su programa político.
