La dirigenta vecinal, Valeria Bustos, señaló que a los pobladores les molesta que las FFAA aseguren que el espacio ocupado por la Marina tiene un buen uso, cuando “un quincho, una piscina y camarines no tienen nada que ver con la defensa nacional”.
En su visita a la Región de Coquimbo, el secretario de Estado insistió en sus críticas al sistema de convenios y reiteró la posición del Gobierno para que “haya total claridad y transparencia”.
La iniciativa busca cumplir con la meta de entrega de viviendas para paliar el déficit en esta área en un contexto económico complejo que está golpeando particularmente al rubro de la construcción.
Ante protestas por demoras en la edificación de viviendas sociales y desalojos de campamentos, distintos voceros y representantes de movimientos de lucha hablaron sobre déficit habitacional que se arrastra hace años en Chile.
El Serviu ya comprometió el arreglo del edificio que quedó dañado y solitario luego del terremoto de 2010, por lo que vecinos están recaudando fondos para quienes, mediante subsidio habitacional, accederán a las viviendas sociales que ahí se construirán.
El recientemente anunciado Premio Nacional de Arquitectura 2018 – 2020, Miguel Lawner conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y aseguró que, desde el terremoto de 1939 hasta la dictadura, fue el Estado quien asumió la conducción de las políticas públicas en materia de vivienda.
La organización compuesta por más de 400 familias acusa que las obras deberían estar avanzadas en más de un 80% y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo no les ha entregado respuestas sobre los atrasos en la construcción de las viviendas sociales.
Luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se mostrara dispuesto a cooperar en la búsqueda de una solución habitacional para el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, los vecinos se reunieron con el alcalde Felipe Alessandri para presentar su proyecto de solución habitacional y obtener el apoyo del municipio para concretar la iniciativa.
A las constantes manifestaciones de los vecinos contra la explosión inmobiliaria y los cuestionamientos a la Dirección de Obras Municipales y los permisos entregados, se suma ahora la toma de un terreno por parte de un Comité de Allegados que exige construcción de viviendas sociales en el lugar.
El Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, se reunió este lunes con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para exigir viviendas en la céntrica comuna y así seguir viviendo donde lo han hecho por más de 30 años en condiciones de arrendatarios o allegados.
El académico de la Universidad Católica analizó la situación urbanística de Santiago, el déficit habitacional y las posibles soluciones para terminar con la segregación a la hora de construir viviendas sociales.
La polémica generada por el proyecto del alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, que apunta a la construcción de un edificio de viviendas sociales de alto estándar en los alrededores del sector de Rotonda Atenas, ha puesto sobre el tapete los desafíos asociados a la integración social en nuestro país. La profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Beatriz Maturana, experta en sustentabilidad urbana y equidad, conversó con Prensa U. de Chile sobre la necesidad de repensar la integración y la vivienda social, así como la necesidad de impulsar un cambio cultural en la ciudadanía.
Este jueves, la agfrupación Allegados de Peñalolén, realizó una manifestación masiva que bloqueó la caletera de Américo Vespucio al norte, a la altura de Las Torres. Los pobladores rechazan las acciones judiciales que han impedido la construcción de viviendas sociales en sectores altos de la comuna.
Vecinos de Las Condes se han manifestado en contra de las viviendas sociales propuestas por Joaquín Lavín, pues alegan que la plusvalía de sus propiedades descendería en al menos un 40% de su valor original. Sin embargo, expertos consultados por Radio y Diario Universidad de Chile aseguran que esas posturas no tienen fundamentos y están basadas en prejuicios.
El proyecto anunciado por Joaquín Lavín no resuelve el problema de fondo, que es la segregación social, pero al menos marca un precedente y presiona al Estado en algo que es de su absoluta responsabilidad.
La iniciativa establece que la vivienda debe ser el único bien raíz del beneficiario, cuyo valor no eleve las 520 UF, y que hayan sido adquiridas por medio de subsidio sin deuda.
Buscando reactivar la economía a través de incentivos al sector privado, se intenta mejorar las condiciones de las personas en las ciudades. No obstante, desde el mundo académico y político se han planteado dos inquietudes en relación al proyecto: es necesario seguir entregando incentivos a las empresas inmobiliarias y desarrollando políticas de propiedad y no de arriendo en nuestro país.
