Luego de la firma del convenio para la construcción del eje Alameda-Providencia, la parlamentaria y las organizaciones demandaron que el sitio sea preservado como un espacio de memoria de lo ocurrido durante el estallido social.
Karla Díaz, investigadora del “Protocolo de defensa para mujeres comunicadoras”, expuso que la población ha normalizado las violaciones a los derechos humanos tras décadas de represión por parte de agentes del Estado.
A la falta de respaldos en el Senado se suman los varios cuestionamientos que parlamentarios han dirigido, no solo contra la veracidad de las violaciones a los DDHH durante el estallido, sino también, a las perpetradas en la dictadura cívico-militar.
Los tribunales de justicia admitieron a trámite la querella del INDH para determinar responsabilidades de altos mandos de Carabineros por violencia estatal durante el estallido social.
Los especialistas destacaron que la plaza es tanto un lugar de reunión, como un nodo vial clave para la ciudad que debe ser rediseñado. Además, señalaron que la remodelación del lugar debe ser de acuerdo a los tiempos y a la voluntad de la ciudadanía
Verónica Verdugo valoró la determinación del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que tras casi tres años de su violenta detención, desestimó los cargos formulados contra Ríos y declaró ilegal la actuación de Carabineros.
Desde la segunda conmemoración del estallido social, la organización artística Teatro en Casa, el Consejo de vecinos y vecinas del Barrio Yungay y la Cordesan se propusieron reactivar este lugar, en donde la cultura no es sinónimo de consumo.
La Corte Suprema también había confirmado el sobreseimiento de la investigación contra el carabinero, Juan González, autor de tres disparos que provocaron la muerte de Francisco Martínez de 28 años.
Paola Passig y Ximena Ceardi recopilaron y editaron 18 historias de infancia de niños que hoy son adultos pero que todavía recuerdan el olor a pólvora luego del bombardeo a La Moneda, la incertidumbre de la época y al “compañero Presidente”.
Las representantes cuestionaron a los parlamentarios y dirigentes de derecha que han negado la existencia de estos hechos cometidos por agentes del Estado, incluso señalando que el Presidente Boric miente cuando lo incluyó en su discurso.
El jurista advirtió que “no vamos a ser capaces de construir una sociedad democrática donde podamos convivir en el respeto” si no se reconocen los errores de la actuación policial. Además llamó a elevar los estándares de investigación de la Fiscalía.
El director ejecutivo del GAM, Felipe Mella, manifestó que tras el 18 de octubre, Chile se sitúa en un nuevo escenario tensionado por visiones políticas que desafían la construcción social y cultural de los últimos 30 años.
