La organización manifestó su preocupación ante las presiones a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en medio de la investigación al Alto Mando de Carabineros por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
La abogada experta en derechos humanos afirmó que el cometer un delito, no le quita a las personas el derecho a ser reparadas por una vulneración. Además, advirtió que el actuar del Gobierno podría generar una contienda judicial.
La autoridad sostuvo que el beneficio puede dejarse sin efectos por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Además, dijo no tener “ninguna duda” de que el mandatario hará uso de su potestad “lo antes posible”.
Con esta resolución, se desestimaron los argumentos presentados por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Así, el persecutor regional Metropolitano Centro Norte “continuará al frente de la investigación del “Caso Alto Mando”.
Con todo, diputados de la instancia calificaron como “insuficientes” las indicaciones presentadas por el Gobierno. Por lo que instaron a las autoridades a reevaluarlas de cara a la próxima sesión del jueves y abrirse a los acuerdos.
En una carta las agrupaciones cuestionaron que la conducta del uniformado fue “de la máxima gravedad” en el marco del estallido social y lo acusaron de ser “partícipe de una acción criminal concertada desde el alto mando” de Carabineros.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la necesidad de reconstruir este espacio no solo “como era antes, sino que también de mejorarlo y hacernos cargo de los problemas que ya tenía”.
La directora del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales destacó que sería un “traspié” que se concretara la inhabilitación de los fiscales a cargo de las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 2019.
La decisión se da luego de cinco intentos sin éxito en que la fiscal Ximena Chong buscó tomar las declaraciones de Ricardo Yáñez. En la única oportunidad en que la autoridad policial aceptó entrevistarse usó su derecho a guardar silencio.
Diputados de RN repudiaron las pensiones de gracia que el Gobierno otorgó a condenados por hechos delictivos en contexto del estallido social. Los parlamentarios adelantaron que evaluarán las alternativas para revertir este beneficio.
Consultado respecto a la solicitud del director de Carabineros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que este “tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la Constitución le permite”.
La publicación presenta parte de un estudio centrado en analizar las consecuencias psicológicas y emocionales de las víctimas en el marco del estallido social, el que fue encabezado por el académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Rojas.
Cercanos al ingeniero condenado a diez años por homicidio frustrado de un grupo de Carabineros, iniciaron una campaña que busca revocar el fallo y que fue recientemente ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trata de varios encuentros donde se busca profundizar sobre las razones que llevaron a las masivas movilizaciones durante el denominado estallido social de 2019. La inauguración se realizará en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
La cientista política y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile aseguró que ha existido un proceso resignificación del estallido social, que comenzó durante el trabajo de la Convención Constitucional.
El parlamentario presidió la Comisión Especial Investigadora que evacuó un informe estableciendo una serie de irregularidades de parte de organismos públicos, que derivan hoy en la falta de resolución del caso.
El expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas en el momento de las movilizaciones aseguró que demandas que se levantaron entonces siguen aún vigentes. “Se equivocan quienes solo se quedan con ribetes delictuales”, dijo.
